Un recurso para que se declare la nulidad del contrato suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico en Colón, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento que dentro de los terrenos cedidos se encuentran los Colegios José Guardia Vega y Rufo Garay.
Según el recurso presentado por el abogado Carlos Carrillo, el contrato no está acompañado por un estudio de impacto ambiental y, además, contiene tierras en donde se encuentran dos colegios públicos.
A la vez señala que para la firma del contrato no se consultó al Ministerio de Educación (ME) y obvió uno previo suscrito por el ciudadano Talal Abadallah Darwiche, para la explotación de más de mil metros cuadrados.
También sostiene que las cinco hectáreas en donde se planea realizar el proyecto incluye playas, riberas, fondos del mar y área costera que pertenecen al Estado y que fue cedido en un precio inferior al otorgado a otros proyectos a realizarse en el área.
Dentro del recurso se establece que en terrenos colindantes a los cedidos a la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, a la que se le dio un precio de B/.0.08 por metro cuadrado, se efectuaron contratos con otros inversionistas en los que se fijaron B/.0.20 para el Consorcio San Lorenzo y B/.0.45 en el caso de Talal Abdallah Darwiche, siendo las tierras con características similares y dando como resultado un perjuicio para el Estado.
A la vez señala que los informes de evaluación de la Contraloría y de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF incumplieron su deber de velar por los intereses del Estado, debido a que no observaron que el precio por metro cuadrado dado a Desarrollo Urbanístico del Atlántico es inferior al del Consorcio San Lorenzo y la Corporación de Costas Tropicales Panamá & Colón.
