EL establecimiento de cárcel para quienes hurten en los centros educativos, para quienes roben energía eléctrica y para los agentes económicos que perjudiquen a los consumidores, fueron los temas que acapararon la atención de los diputados durante la discusión ayer del tercer bloque del proyecto de reformas al Código Penal.
El proyecto en su artículo 227 fija penas de cárcel de 4 a 6 años cuando el hurto se cometa en oficinas, centros educativos, archivos o establecimientos públicos, o sobre las cosas que se mantienen allí o cuando se cometa en otro lugar, sobre las cosas destinadas al uso público.
El diputado Wigberto Quintero, consideró que en este código no se puede amparar a algunos "sinvergüenzas" que pueden pagar por los servicios públicos como el de luz y agua potable, sobre todo aquellas empresas que tienen recursos suficientes pero que se dedican al hurto de estos servicios públicos.
Para hoy se tiene previsto discutir el último bloque del proyecto, y a partir de mañana se podría iniciar el proceso de votación.
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