La clausura inmediata del penal de Punta Coco, en Isla del Rey, y el traslado de los tres reos que allí purgan condena fueron las medidas recomendadas al Gobierno por la Defensoría del Pueblo.
Lilia Herrera, defensora del pueblo, señaló que este reclusorio viola la Constitución Política de Panamá y varios convenios internacionales relacionados con la atención de los detenidos.
De la misma forma, indicó que las únicas personas que allí permanecen sufren afectaciones de salud, sicológicas y depresivas.
Además, se informó que en esta cárcel no existe ventilación alguna, que la proliferación de insectos es inevitable y que el encierro de estas personas es de 24 horas diarias, es decir, sin derecho a patio.
Otro punto que se enfatizó es la falta de una clínica para la atención médica de los convictos.
Desde hace un mes, familiares de estos detenidos mantienen protestas frente al Ministerio de Gobierno por lo inaccesible del centro penitenciario.
