La aparición de peces muertos flotando en ríos, proyectos mineros, así como la proliferación de construcciones en la metrópoli, preocupan a sectores de la sociedad civil, en particular los ambientalistas.
Entre estos grupos están la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en conjunto con el Centro de Estudio de Recursos Bióticos (CEREB), han mancomunado esfuerzos en la lucha por conservar los bosques, paralelo a la valorización del agua como recurso hídrico.
Raiza Banfield, directora del CIAM, solicitó al Gobierno una postura más enérgica en materia de normas que regulen la actividad de los grandes inmobiliarias, las que a su juicio ponen en peligro el ecosistema de las áreas boscosas cercanas a los lugares en construcción.
En este sentido, Susana Serracín, abogada ambientalista cuestionó la labor de la Asociación Nacional del Ambiente (ANAM), debido a que muchos de lo proyectos en el país, no cumplen los requisitos que establece la ley sobre preservación del ambiente.
