Con la exigencia de los grupos sindicales de la derogatoria en su totalidad de la Ley 30, el Gobierno instaló ayer la mesa del diálogo, encargada de analizar sus posibles reformas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Unidad Sindical y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, es necesario que el Gobierno no imponga condiciones y, además, elimine la ley “carcelazo”.
En tanto, el canciller Juan Carlos Varela informó que la mesa tendrá 90 días para realizar reformas, únicamente, en torno a los tres artículos en materia laboral que fueron suspendidos.
En el diálogo participarán la Iglesia católica, empresarios, autoridades de Bocas del Toro, la Asamblea Nacional y los partidos políticos.
Por su lado, la dirigencia del Partido Popular cuestionó la falta de seriedad de la mesa y recomendó al Gobierno que "se deje ayudar" para lograr la democracia que el país requiere. Pidió al Presidente que abandone la política de confrontación y que derogue la totalidad de la ley.
