Las sugerencias se dieron ayer durante un taller que promovió la SIP en Panamá y que abrió el debate sobre la penalización de la calumnia e injuria.
La figura está contenida en el código penal panameño y establece condenas hasta de 24 meses de cárcel para los que incurran en esos delitos.
"Es necesario crear un marco legislativo donde se garantice la libertad de prensa, un sistema que no sea represivo"", comentó Ricardo Trotis, director del Instituto de Prensa de la SIP.
El delegado planteó el peligro de que los periodistas pudieran incurrir en la autocensura ante el temor de ir a la cárcel por sus escritos, lo que afectaría con ello el papel "fiscalizador"" de los medios.
El presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo dijo que podría aprovecharse que actualmente una comisión especial analiza los códigos penal y procesal para incluir en esos análisis el tema de la despenalización de la calumnia e injuria.
"Creemos que tiene que haber revisiones en esa materia.. hay que revisar y ver que es lo que más conviene a la sociedad y fomentar el debate para llegar a un consenso"", apuntó Castillo.
Por otro lado, la presidenta del Fórum de Periodistas, Luz María Noli sugirió a los comunicadores estudiar, prepararse, verificar y corroborar las fuentes, ya que a su juicio en la medida en que el periodismo mejore y el periodista tenga mayor credibilidad, los comunicadores seremos más libres.
Mientras que, por otro lado, el salvadoreño José Alberto Dutriz, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, precisó que el hecho que se mantenga la penalización de la calumnia e injuria, significa una forma de amordazar la libertad de expresión.
"La penalización de la calumnia e injuria en El Salvador, la vemos como una medida de la edad de piedra", afirmó Dutriz, tras señalar que en su país recientemente se despenalizó la calumnia e injuria.
La Sociedad Interamericana de Prensa también recomendó hacer una diferenciación entre el servidor público y el ciudadano común, por cuanto el primero está sujeto a la fiscalización y debe tolerar no solo la crítica, sino también los errores y su derecho a rectificación se debe limitar a inexactitudes sobre hechos concretos, más no sobre opiniones o críticas.
Señaló que no puede haber una implementación adecuada de la Ley de Acceso a la Información Pública, mientras no haya una campaña de sensibilización a todos los niveles sobre sus beneficios y cómo puede ser utilizada en la práctica.
