Piden extender consulta sobre la Ley de Delito Ecológico

Una solicitud para ampliar y extender el debate sobre el proyecto de Ley de Delito Ecológico, hizo a la Asamblea el director de Política Ambiental de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Angel Ureña.
Las declaraciones de Ureña se dieron durante su comparecencia al período de consultas en primer debate en la comisión legislativa de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, del proyecto de delito ecológico, donde se destacó la necesidad de enriquecer la propuesta a través de una mayor discusión.
El ambientalista abogó por que los sectores involucrados en la discusión de la ley logren puntos de encuentro entre las acciones de proteger el medio ambiente y la promoción de las inversiones económicas, ya que estas son las bases del desarrollo sostenible.
Destacó que desde el pasado año ANCON ha participado y dado continuidad al debate sobre la Ley de Delito Ecológico con seminarios e intercambios de información y opiniones de personas y organizaciones interesadas en la reglamentación de esta norma.
Insistió en que se permita la participación de organizaciones campesinas e indígenas, además de agrupaciones ecologistas y empresas relacionadas con las agroindustrias, el sector agropecuario, y en general a todos los sectores de la sociedad, a las consultas y debates que se den en la Comisión legislativa de Gobierno y Asuntos Constitucionales.
Según la proyecto, corresponderá a la fiscalía Superior del Ambiente, establecida en la Ley General del Ambiente, investigar los delitos ambientales, por lo que es necesario tipificar como delito, los hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en Panamá, además de establecer las sanciones penales y determinar las ,medidas precautelares de restitución y reparación, en base a la falta.
El proyecto de Ley establece que la persona que degrade, envenene, contamine, altere severamente o realice actividades idóneas para causar daño a en las aguas, flora, fauna silvestre, suelo, subsuelo, o produzca desequilibrio en el ecosistema, será sancionado con pena de dos o tres años de prisión o su equivalente en multa o arresto de fines de semana.