No basta que la Presidenta diga que sancionará o destituirá a los funcionarios que resulten responsables de actos de corrupción en su gobierno, sino que adopte una posición firme para investigar las denuncias que se ventilan en los medios de comunicación, señaló el secretario general de la Confederación de Unidad Sindical, Gabriel Castillo.
A juicio del sindicalista, en el caso del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Harris, sólo se está buscando un chivo expiatorio, ya que la corrupción se está denunciando a niveles más altos.
Para Castillo, la presidenta Mireya Moscoso, habla de combatir la corrupción y aplicar sanciones sin importar si son amigos suyos, pero evidentemente no hay una actitud consecuente entre el discurso y la práctica, porque se dice una cosa y se hace otra.
Cada día hay un escándalo, y el gobierno no brinda explicaciones, precisó Castillo, pero no se dice nada y recordó que "el que calla otorga", por lo que recomendó al gobierno explicar claramente lo que está sucediendo.
El dirigente recordó que últimamente los medios han hablado del helicóptero que cayó al mar, el caso de las licencias para marinos en Filipinas, el caso del Tránsito y la carretera que benefician las fincas de altos funcionarios.
Castillo señaló que estas informaciones deben motivar a la presidenta Moscoso, a evaluar la posibilidad de hacer cambios en su equipo de gobierno, porque pareciera que cada ministerio tiene su propio plan gubernamental.
Agregó que estos cambios se deben hacer comenzando por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), que viene adoptando posiciones parcializadas a favor de la patronal.
Acotó que el ministro Joaquín José Vallarino, actúa como el relacionista público de la empresa Cable and Wireless, al justificar y defender los recientes despidos masivos, hechos en esa empresa.
Afirmó que este ministerio sigue gastando una cantidad ilimitada de recursos económicos en las llamadas Ferias de Empleos, que no "emplean a nadie, sino que crean falsas expectativas por parte de las personas que asisten a las mismas".
Igualmente Castillo, alertó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, intenta apropiarse de unos 2 millones de balboas que deben ser canalizados a los organismos para la educación laboral.
Denunció que estos fondos que deben ser destinados para la educación laboral, pretenden ser usados por el ministerio para sus gastos corrientes.
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