El defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, recibió ayer a pequeños productores de los corregimientos de Cañita y El Llano, del distrito de Chepo, quienes solicitaron la mediación de la Defensoría en el reclamo de una indemnización que exigen a las empresas responsables de la hidroeléctrica de Bayano, por las pérdidas sufridas en sus cultivos como consecuencias de las inundaciones.
Los más de 20 productores afectados indicaron al defensor que un gran porcentaje de sus cultivos se deterioró, razón por la cual han acudido a las empresas ETESA y AES Panamá S.A., para que se responsabilicen por los daños ocasionados en sus fincas, producción de la cual depende el sustento y bienestar de sus familias.
El defensor prometió que hará una inspección.
Aunque todos hablan de sacrificios, al parecer nadie desea ceder.
La clase trabajadora no está dispuesta a verse a afectada con las medidas que quiera establecer el gobierno para salvar a la CSS.
Por otra parte, los empresarios aceptan que los sacrificios que conllevarán a la solución las deben asumir todas las partes.
El sector obrero presentó una propuesta de 25 recomendaciones, que más allá de brindar una solución, pretenden dar más beneficios a los trabajadores.
Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), explicó que entre las recomendaciones se establece la inclusión de más de 120 mil trabajadores que no están dentro del sistema de pensiones.
Los obreros desean con eso pasar la factura a los patronos, que incluyen en la planilla a los trabajadores de la Caja de Seguro Social.
La propuesta pretende además, que tanto los empresarios como el gobierno, paguen la morosidad que le deben a la institución.
Con esta propuesta, que según los obreros, el gobierno no ha querido analizar, se pretende que el Estado cubra el 50% del costo de los servicios médicos de los beneficiarios, sin reducir el número de estos a los que se tiene derecho.
Hace más de dos semanas se escuchan las diversas propuestas y análisis que prentenden salvar a la Caja de Seguro Socia (CSS).
En un informe, los empresarios manifestaron que enfrentar la actual crisis se hace impostergable.
Por ello, es imprescindible separar en dos entidades distintas los servicios médicos y hospitalarios de una parte, y de otra, el manejo de las pensiones de invalidez, vejez y muerte.
Además, recalcaron que es necesario mejorar la rentabilidad de los recursos financieros de la CSS.
Según el sector privado, esto resolvería el déficit actuarial del IVM.
Mientras el sector obrero pretende que se incluyan los dividendos que pagan las empresas privatizadas anualmente a las reservas de la CSS, el sector privado enfatiza que la prestación privada de servicios médicos y hospitalarios y la administración privada de fondos de pensión, invalidez y muerte por encargo y delegación retribuida a la CSS, no equivale a privatizar sus bienes y recursos. Entre las medidas administrativas que deben adoptar, mencionan mayor flexibilización en los arreglos de pago.
Según un análisis privado de la consultora INDESA, en la CSS se mantendrá el actual sistema de beneficios definidos, manejados por la CSS.
Entre las medidas, podrían proyectarse desde cambios en la edad de jubilación, los años de cotización y fórmula de cálculo de la pensión y en la II partida del XIII mes.
La propuesta incluiría un mecanismo de ajuste por aumentos en el costo de vida.
Ver ilustración en la página A3 del diario impreso.
