Las denuncias de presuntos actos de corrupción en la Universidad de Panamá (UP) no sólo deben ser investigadas por las autoridades internas de esta casa de estudios, sino por el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de la República.
A esta conclusión llegó el catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal, quien cuestionó que “pese a haber una serie de actos de corrupción denunciados, el Ministerio Público se convierte en un cómplice por omisión de esta situación”.
Entre las denuncias formuladas están el desvío de fondos públicos, la venta ilegal de automóviles de la UP, el robo de piezas de autos y el parentesco de familiares con autoridades universitarias.
El rector de la UP, Gustavo García de Paredes, se ha limitado a decir que las investigaciones internas ya iniciaron para dar con los responsables.
