La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, pidió ayer a los diputados de la Asamblea Nacional que no esperen los resultados de Comisión de Estado por la Justicia, para empezar a legislar sobre normas que impidan la comisión de actos de corrupción entre funcionarios públicos.
Gómez, quien acudió a la instalación de la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional, indicó que establecer nuevas normas legales en torno a la prueba sumaria, para que se levante ese velo que es un impedimento para investigar los casos de corrupción en el sector público, son modificaciones que no pueden esperar los resultados del Pacto de Estado por la Justicia.
"Esto es lo que hemos tratado de transmitirle a los diputados de la Comisión de Gobierno, y creo que ellos han entendido la urgencia de algunas modificaciones", enfatizó.
Gómez posteriormente presentó al pleno de la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, uno en torno al Instituto de Medicina Legal, para regular el escalafón de los médicos forenses y la exclusividad del servicio para evitar la dualidad de funciones.
En este sentido, señaló que poco después de ocupar el cargo tuvo que tomar la decisión dura de establecer la restricción a los médicos forenses para que fueran exclusivos del Ministerio Público, tal como se hace con los abogados y lograr tener un cuerpo médico dedicado a la actividad forense de la institución.
En el otro proyecto presentado por la procuradora Gómez se establece en las normas legales panameñas la tipificación del delito de desaparición forzada de las personas, ajustándose así el Código Penal a las normas internacionales de Derecho Romano.
El convenio suscrito tiene un período de cinco años, prorrogables por otro lustro. La medida incluye un posible acuerdo tarifario de agua potable y la cantidad de agua necesaria para suplir a la población panameña, por los próximos 30 años.
