Los panameños tienen que cambiar el concepto frente a los discapacitados, quienes tienen en determinados trabajos potencialidades de desempeño igual al de una persona normal, dijo ayer el especialista en educación profesional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Luis Reguera.
Durante una jornada de trabajo con representantes del sector oficial, privado, sindical y cívico, realizado en un hotel de la localidad, Reguera, de nacionalidad española, expresó que existe un plan de acción hecho por la OIT, que tiene como objetivo "la integración socioeconómica" de las personas discapacitadas.
"Ahora la OIT ha elaborado una propuesta de programa de acción nacional que intenta la participación de aquellas instancias tanto gubernamentales, como no oficiales, que tengan algo que ver o que puedan aportar a la mejora de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo", indicó Reguera.
Agregó que lo que se quiere es que haya más y mejores empleos para las personas con discapacidad en el futuro, puesto que ellos tienen derecho al trabajo como al resto de los ciudadanos panameños.
"Hay que recordar que hay personas invidentes que pueden desempeñarse al 100 por ciento en determinados trabajos como cualquier persona", declaró el consultor español.
El Artículo 41 de la Ley No. 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en Panamá, señala que los discapacitados "tienen derecho a optar por un empleo productivo y remunerado, en igualdad de condiciones".
Esta Ley, en su Artículo 42 agrega que los empleadores que tengan 50 trabajadores o más, "contratará y/o mantendrá trabajadores con discapacidad, debidamente calificados, en una proporción no inferior al 2 por ciento de su personal, los cuales deberán recibir un salario igual al de cualquier otro trabajador que desempeñe la misma tarea dentro de la institución o empresa".
En tanto, el Artículo 45, advierte que las instituciones o empresas que se nieguen a contratar y/o mantener el 2 por ciento del personal con discapacidad, debidamente calificado para trabajar, estarán obligadas a aportar, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, una suma igual al salario mínimo por cada persona dejada de contratar, durante todo el tiempo que dure su renuencia.
"Los fondos así creados deberán ser depositados en una cuenta especial y se utilizarán para brindar cursos de capacitación laboral y ayudas de autogestión a esta población", añade el artículo.
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