La Cámara Provincial del Transporte, capítulo de Panamá, solicitó a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, que emita el decreto ejecutivo que reglamenta las concesiones de rutas, líneas, zona de trabajo, terminales y piquera.
El dirigente Iturbides Quintero, presidente de la organización, explicó que la reglamentación es la que permitirá al Estado y a los transportistas suscribir el contrato de concesión de las rutas como lo establece el artículo 9 de la Ley 34 de 1999.
Quintero señaló que el respectivo proyecto de decreto fue aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y ya está en la presidencia de la República, sin embargo, hasta ahora se registra "un limbo jurídico, dado que en la ausencia de dicho decreto, existe la desprotección legal para ejercer nuestra actividad, tal cual está preceptuado en las leyes 14 y 34".
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo inició el proceso de consultas para establecer el mecanismo de selección de los representantes de los usuarios del transporte público de pasajeros, en la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en cumplimiento de la Ley 34 de 1999 que contempla la participación de los usuarios.
Según se conoció corresponderá a la Defensoría del Pueblo organizar el proceso para escoger a un representante de los usuarios de cada provincia y a uno de las comarcas, y posteriormente mediante un sorteo se escogerá a un principal y a un suplente, a fin de cumplir un período de dos años.
Según el director del Programa de Educación para la Vida en Democracia de la Defensoría del Pueblo, César Solano, esta entidad evalúa actualmente las consideraciones sobre la forma más efectiva y democrática posible de realizar la consulta popular a nivel nacional.
Explicó que el proceso de selección debe iniciarse con una etapa de motivación y divulgación, ya que la mayoría de los usuarios desconocen el alcance de la disposición.
Agregó que este importante ejercicio democrático requiere de algunos recursos, debido a que se trata de una actividad popular que debe realizarse en todas las provincias, por lo que enfatizó en la necesidad de recibir el apoyo de los diferentes sectores del país, incluyendo a los medios de comunicación en la labor de divulgación e información a los usuarios.
