Luego que la Asamblea Legislativa aprobara en tercer debate la Ley No. 47 que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos, el Colegio Nacional de Abogados envió una misiva a la presidenta Mireya Moscoso, solicitándole sancionar prontamente la nueva medida.
En la misiva, el Colegio de Abogados expone que la norma es de amplio beneficio en un país pluralista como Panamá, porque promueve medidas que evitan la discriminación, que ha sido denunciada continuamente por diferentes grupos étnicos.
Añade que las actitudes racistas, además de estar prohibidas por convenciones internacionales y por la propia Constitución, perturba la paz social del país.
El Colegio de Abogados, a través de su Comisión de Derechos Humanos, se integró a un equipo que, junto a la Defensoría del Pueblo, trabajó en la elaboración de una norma que regularía el llamado derecho de admisión a los establecimientos particulares.
Ello, debido a las múltiples denuncias expuestas por ciudadanos, sobre todo negros, a quienes se le impedía el ingreso a ciertas discotecas y restaurantes.
En ese sentido, la misiva enviada a la Presidenta expone que aunque en las investigaciones realizadas sobre las denuncias, los acusados negaron tales prácticas, "no es menos cierto que, un importante grupo de la población tiene una percepción contraria y se siente afectado porque ésta sí existe".
El documento insiste en que los sondeos de opinión realizados al respecto demostraron que la reserva de admisión que aplican muchos establecimientos comerciales son utilizados para impedir el acceso a miembros de sectores específicos de la sociedad, sin la obligación legal de explicar las razones o fundamentos.
Según el Colegio, la pronta materialización de la Ley No. 47 por parte de la presidenta Moscoso permitirá fijar las circunstancias específicas, en las cuales se podrá invocar la reserva de una persona que desea ingresar a determinado establecimiento.
"El principio en que se fundamenta la Ley No. 47 es el de que todas las personas tienen el derecho de acceso a los establecimientos públicos. La reserva del derecho es la excepción", señala la carta enviada a la mandataria.
