La organización Human Rigths Watch con sede en Washington, Estados Unidos, solicitó formalmente a la presidenta panameña, Mireya Moscoso Rodríguez, la extradición de los generales haitianos Raoul Cedras y Phillip Biamby, quienes gozan de asilo político en Panamá, otorgado durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares.
Tanto Cedras, exjefe del Ejército de Haití, y Biamby, uno de sus más cercanos colaboradores, están acusados de violentar los derechos humanos de los haitianos desde el 30 de septiembre de 1991, cuando lideraron un violento golpe de Estado en contra del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide.
Ambos militares están en Panamá en calidad de asilados desde octubre de 1994, cuando fueron obligados a dejar el poder ante una inminente invasión militar internacional liderada por los Estados Unidos.
Human Rigths Watch pidió al gobierno panameño que extradite o inicie un proceso contra los exmilitares haitianos, ya que está autorizada por haber ratificado la Convención contra la Tortura el 24 de agosto de 1987 y contar con una legislación que le permite seguir procesos a quienes hayan cometido actos de tortura en el extranjero.
El documento recoge la opinión del director Ejecutivo de la División de las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, quien sustenta que "la presidenta Moscoso tiene la oportunidad de mostrar a la comunidad internacional que Panamá no está dispuesta a seguir siendo el lugar de retiro de violadores de los derechos humanos"
La petición de extradición o inicio de un proceso judicial está basado en que durante el período de la dictadura militar encabezada por Cedras y Biamby, miles de haitianos fueron torturados, decenas de mujeres violadas sexualmente y los residentes de algunos sectores partidarios de Aristide fueron masacrados.
Según Vivanco, en 1998 Panamá violó la Convención contra la Tortura al negar una petición de extradición presentada por el gobierno de Puerto Príncipe, alegando que a los exmilitares "se les había concedido asilo político".
