Una evaluación integral en los trabajos de construcción del Corredor Sur, la auditoría de costos, financiera y ambiental, solicitaron a la presidenta electa, Mireya Moscoso, el grupo "Por la Campaña Ciudadana Frente al Corredor Sur", en una carta.
En la misiva, firmada por los representantes de las comunidades aledañas a la construcción de esta obra, se cuestiona fuertemente la transparencia con la que el gobierno nacional ejecutó la licitación de la obra.
Según los denunciantes, esta falta de transparencia ha traído consigo que la empresa no reconozca las preocupaciones sanitarias, ambientales, de ingeniería, sociales y financieras de los residentes en las áreas cercanas al Corredor Sur.
Le indican a Moscoso que los subsidios que el Estado panameño les ha dado a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), han sido onerosos e indebidos, ya que no existe equidad en la compensación de aquellas familias que se ven obligadas a dejar sus residencias por el paso de la obra.
Aseguran que han logrado recaudar pruebas que dejan en evidencia defectos en el diseño, en la construcción y en las especificaciones de los materiales que se utilizan en la obra.
"Hemos intentado infructuosamente que el gobierno nacional, representado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Salud (MINSA) y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) reconozcan la validez de las preocupaciones", indica el documento.
Los integrantes de la organización aseguran que la construcción convertirá a la Bahía de Panamá en un "pantano de material fecal", y si el gobierno hubiese sido transparente en la toda la información que se le brindó a los afectados, el problema se manejaría de otra manera y con una mejor solución.
Una de las posibles soluciones al problema es la mejora del régimen legal vigente sobre las concesiones administrativas, que calificaron de "abierto e injusto", ya que según ellos favorece el incremento de la corrupción.
Los firmantes de esta carta aseguran que su intención no es que la obra se suspenda definitivamente, si no que se construya como debe ser.
Solicitan una inspección completa tanto en su tramo marino, como terrestre; una auditoría de costos para determinar si los precios de la obra han sido inflados o no; un desglose detallado de las indemnizaciones pagadas por ICA a los afectados por los trabajos y las reubicaciones; una auditoría financiera del Proyecto Inmobiliario Punta Pacífica para conocer la identidad de los compradores y socios de ICA y el valor real a precios de mercado de las tierras nacionales transferidas a la empresa, así como la cantidad recaudada en concepto de preventa y el impacto que ésta tendrá sobre el cobro de peajes de acuerdo al contrato de concesión.
Además piden una auditoria ambiental que analice comparativamente el estado de la contaminación de la Bahía de Panamá antes y después del inicio de la construcción, así como la información técnica y científica recabada que sustenta la necesidad de que se cambie el diseño de los puentes sobre pilotes; se elimine el pedraplén permanente y los rellenos sobre el lecho marino; se determinen las fallas y omisiones incurridas en el Estudio de Impacto Ambiental y el costo real de los problemas sanitarios y ambientales.
La carta lleva las firmas de los comités de residentes de San Francisco, Boca La Caja, Pro-Tierra y Mejor forma de vida (La Playita), San Sebastián, Ciudad Radial, Defensa del Río de Pacora y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
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