La Fiscalía Segunda de Circuito reiteró ayer la solicitud de encausamiento penal contra los directivos del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), en tanto que los abogados de la defensa pidieron la nulidad de todo el proceso.
Ayer, durante el último día de la audiencia preliminar, el abogado Jerónimo Mejía, defensor de Manuel Arias, solicitó la nulidad de todo el proceso, ya que según afirmó, su cliente no tiene ninguna relación con las irregularidades investigadas y a pesar de haberse solicitado un sobreseimiento en su favor, ello quedará en su expediente.
Mejía alegó que cuando se registraron las supuestas irregularidades investigadas por la fiscalía, su cliente tenía más de un año de no estar vinculado con el manejo del banco, pero aún así se le incluyó dentro de las sumarias.
El abogado aseguró que esta circunstancia amerita que el juzgado ordene la nulidad de todo lo actuado, ya que existen otras dos personas en las mismas condiciones de su cliente y que ello vicia todo el proceso.
Por su parte, durante el desarrollo de la audiencia la fiscal Cecilia López solicitó el llamamiento a juicio de los exdirectivos de BANAICO, Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Irasema Subía y Maritza de Mataden.
Según las investigaciones, los directivos de Banaico realizaron una serie de préstamos sin ningún tipo de garantía y a empresas en las que ellos mismos formaban parte de la junta directiva, por lo que la institución entró en una situación de falta de liquidez.
También se estableció que los directivos de BANAICO remitieron fuertes sumas de dinero a bancos off shore en la isla de Monserrat, pero en una diligencia practicada por el Ministerio Público en esa isla no se encontraron los citados fondos.
A la vez, durante la liquidación del banco no se lograron ubicar los fondos necesarios para cubrir los pagos a los depositantes locales, que sólo lograron recuperar el 2% de cada dólar depositado.
Al final de la audiencia la juez suplente Marlene Morais se acogió al término de 24 horas para tomar una decisión en cuanto a lo solicitado tanto por la fiscalía como por la defensa de los sindicados.
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