El fiscal primero de circuito, Arquímedez Sáez, solicitó ayer la pena máxima para Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Gaspar Jiménez, Pedro Remón, José Hurtado Viveros y César Matamoros por su presunta participación en la elaboración de un plan para asesinar al Presidente Cubano Fidel Castro, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en el año 2,000.
Durante su alegato Sáez sostuvo que los sindicados introdujeron explosivos tipo C-4 para perpetrar un atentado contra Fidel Castro durante una visita que realizaría al Paraninfo de la Universidad de Panamá y en donde estarían presentes una gran cantidad de estudiantes.
Para el funcionario de instrucción, los sindicados intentaron montar la coartada de que su llegada a territorio panameño obedecía a lograr la deserción del general del Ejercito de Cuba, Eduardo Delgado, pero dentro del expedienten no existe una sola evidencia que refuerce esta teoría.
También explicó que la estrategia de la deserción era falsa y prueba de ello son las contradicciones surgidas en las declaraciones indagatorias de los sindicados. Además, consideró que su entrada al país por la frontera con Costa Rica obedeció a la necesidad de introducir los explosivos sin que fueran detectados.
Por otra parte, sostuvo que no existe ningún atenuante, ya que el atentado ocasionaría serios daños a las instalaciones de la Universidad de Panamá (UP) y a quienes se encontraban allí.
En tanto, el abogado Rafael Rodríguez, representante legal del Sindicado Unico de la Construcción (SUNTRACS) y de la Confederación de Union Sindical (CONUSI), alegó que no se puede perdonar a terroristas que intentaron realizar un atentado contra Fidel Castro y en donde también resultarían como víctimas estudiantes, administrativos y docentes de la UP.
Rodríguez dijo que la mejor prueba de la comisión del atentado es la declaración de José Balladares (Pepe el Cubano), quien aseguró que la mejor manera de realizar el trabajo era conseguir un rifle con mira telescópica.