Posponer la entrada en vigencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio no solo afecta la imagen internacional de Panamá, sino que representa un "riesgo", porque "podría ser para toda la vida", advirtió ayer la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que aglutina a unas 20 organizaciones de la sociedad civil.
Pese a ello, la agrupación informó que de llegarse a ese extremo, lo ideal sería aprobar un anteproyecto de ley que fije un plazo perentorio -no mayor de seis meses- para su implementación.
Los señalamientos de la agrupación se dan luego de que el Consejo de Gabinete nombró una comisión para evaluar la necesidad de aplazar la entrada en vigencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
La comisión está integrada por José Raúl Mulino, ministro de Gobierno y Justicia; Ana Matilde Gómez, procuradora de la Nación; Maruquel Pabon, viceministra de Educación; José Abel Almengor, asesor presidencial; un representante del Órgano Judicial y un representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Sin embargo, ni la jefa del Ministerio Público ni el asesor presidencial Almengor han sido notificados de dicha comisión.
Gómez indicó que postergar la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio va a depender de si le dan los recursos o no.
“Todo dependerá de la política pública que en este sentido implante el Gobierno actual para atender las necesidades que vienen de la mano con la llegada del sistema”, agregó.
Adecuaciones.
Indicó que de aquí a diciembre, B/ 4,5 millones podrían adecuarse para atender el sistema, “pero eso solo es para nosotros porque el sistema tiene otros componentes: la Defensoría de Oficio y el Órgano Judicial”.
Por su lado, el secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, dijo que habían solicitado una suma mayor a los B/ 5,4 millones aprobados; sin embargo, están satisfechos porque estarán preparados para el Sistema Acusatorio.
Explicó que se pretende con el crédito aprobado habilitar las infraestructuras tecnológicas que se requieren.
También será utilizado una parte de los fondos para la formación y capacitación de los funcionarios, para nombrar a nuevos funcionarios para la puesta en práctica del Sistema Acusatorio.
Además, dentro de estos fondos hay una partida dedicada a la difusión para la comunidad.
“El resto de la partida tiene que ver con gastos operativos, y para habilitar los edificios de la entidad porque también hay que adecuarlos para cuando el sistema entre en vigencia”, explicó.
Mientas tanto, el Órgano Judicial se mantiene a la espera de la aprobación del crédito solicitado de B/ 4 millones.
El magistrado presidente, Harley Mitchell, dijo que la provincia de Coclé está lista para el nuevo sistema penal y que solo están esperando los recursos necesarios y suficientes.
Agregó que ven con mucho optimismo el inicio del Sistema Acusatorio.
