Un grupo de asociaciones cívicas solicitan al nuevo gobierno un trato de refugiados los inmigrantes colombianos que han cruzado ilegalmente la frontera de Darién, al huir del conflicto armado que asola su país.
Entre el pliego de peticiones está incluida una reforma al decreto alcaldicio número 25 que prohibe el ejercicio de la buhonería a los inmigrantes.
Los demandantes solicitan que "se respete el derecho al trabajo de los extranjeros pobres, porque de lo contrario se está atentando contra el derecho a la vida".
También solicitaron una amnistía migratoria para aquellos inmigrantes con hijos nacionales y con más de cinco años de residir en Panamá.
El comunicado fue remitido a los medios de comunicación por la Pastoral Social Cáritas Panamá, la Iglesia Episcopal Promesa, el Centro de Capacitación Social, la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical Independiente, Asistencia Legal Alternativa de Panamá y la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá.
El acceso al trabajo, viviendas, seguridad y una atención acorde a sus necesidades por parte del gobierno fueron otras peticiones formuladas por las asociaciones cívicas panameñas.
Desde el pasado 16 de junio dichas asociaciones solicitaron al gobierno la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que protege los derechos humanos de los inmigrantes.
Del 3 al 10 de septiembre se celebra la Semana Nacional de las Personas Migrantes y el comité estima realizar una serie de actividades que inviten a la reflexión sobre el tema migratorio.
Desde que recrudeció el conflicto armado en Colombia, un sinnúmero de inmigrantes ha cruzado la frontera ilegalmente para establecerse en comunidades indígenas de Darién o han emigrado hasta la capital de país en busca de una mejor situación económica.
Al permanecer ilegalmente en Panamá, estos inmigrantes son objeto de "abusos y estafas, tanto de autoridades como de personas que prometen ayudarles", explican los demandantes. "Estos son seres a quienes se les violenta sus derechos humanos fundamentales".