La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, refutó los señalamientos del procurador José Antonio Sossa, al considerar que la Ley 55 de 30 de julio de 2003, por la cual se reestructura el Sistema Penitenciario, no es inconstitucional.
Fletcher solicitó a los magistrados de la Corte Suprema que rechacen el recurso de inconstitucionalidad presentado por Sossa contra esa norma, pues ninguno de sus artículos infringe la Carta Magna y son perfectamente legales.
El procurador Sossa presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada ley bajo el argumento que le otorgaba al director del Sistema Penitenciario la potestad de conceder rebajas de penas y permisos extracarcelarios poniendo en riesgo la seguridad de los asociados.
También señalaba que la potestad de conceder rebajas de penas e indultos era privativo del Organo Ejecutivo y que se concedía al director del Sistema Penitenciario un poder similar al que la Constitución le concede al Presidente de la República.
No obstante, Fletcher estimó que los permisos de salida a los reos incluidos en la ley no suponen una rebaja de pena ni libertad condicional y, por ende, no se está vulnerando ningún artículo de la Constitución.
También estimó que corresponde al director del Sistema Penitenciario otorgar los permisos laborales y de estudio a los reclusos, previa evaluación de la Junta Técnica y que ello tampoco riñe con lo dispuesto en la Constitución.
Sossa ha realizado duras críticas a los permisos laborales y de estudio concedidos por la Dirección del Sistema Penitenciario a reos condenados por delitos peligrosos como homicidios, narcotráfico y violador. Estas objeciones se dieron luego de descubrirse a algunos reos laborando fuera del penal y que se les vinculara a nuevos delitos.
A través de este documento los aspirantes a la Presidencia de la República se comprometen a incluir en sus programas de Gobierno y a poner en práctica los consensos alcanzados por los sectores que participaron del Diálogo por la Transformación Integral del Sistema Educativo.
En un taller celebrado el 8 de agosto pasado y un año después de finalizado el Diálogo, los participantes concluyeron que se habían logrado avances en materia de educación en el actual Gobierno. No obstante, los participantes opinaron que aún existe un largo camino que recorrer en materia de educación, y que la misma trasciende a una determinada administración gubernamental y debe ser considerado un tema de Estado.
