Ante el aumento de la energía eléctrica en enero de 2006, la Defensoría del Pueblo reiteró que su preocupación por este hecho, toda vez que es uno de los factores que más incide en el desarrollo económico y social de un país.
El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, abogó para que este servicio sea regulado "cuanto antes", al igual que las ilimitadas ganancias y utilidades de las empresas. "Esta situación merece una mayor y mejor atención por parte del Estado y la sociedad", insistió.
Consideró que el Estado debe intervenir más activamente para controlar y orientar en materia energética y recomendó a que se aleje de la tentación de acudir a subsidios como único mecanismo para paliar su costo.
"A falta de previsión, pueden contabilizarse un número importante de aumentos tarifarios y no menos de 35 millones de balboas aportados por todos, en forma de subsidios", sostuvo.
