El Ministerio de la Juventud planteó ayer ante la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de establecer por medio de la ley que los padres de los jóvenes que incurren en actos de violencia sean sancionados civil o penalmente.
Alfonso Quiroz, asesor del Ministerio de la Juventud, indicó que aunque los Códigos Civil y de la Familia establecen sanciones para los padres de estos menores, se busca profundizarlas y establecerlas de manera más clara.
Por su parte, el legislador José Isabel Blandón, presidente de la Comisión de Educación, expresó que el incremento a la pena a los menores no sería la solución al problema y por eso sancionar a los padres o acudientes se encuentra entre las posibles alternativas.
Se mostró de acuerdo con que los padres asuman la responsabilidad que les corresponde con respecto a la actuación de sus hijos, pero habría que discutir el tema ampliamente para analizar si se trata de sanciones penales o civiles.
Mientras que Erick Rodríguez, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Madres de Familia, indicó que hay que tener presente que la solución al problema de la violencia debe verse de manera integral.
Expresó que en el caso que la ley establezca sanciones para los padres de familia, habría que asumir la responsabilidad frente a la actuación de sus hijos.
Por su parte, Rigoberto López, director de Asuntos Estudiantiles, opinó que cada padre de familia debe ser responsable de la actuación de sus hijos, razón por la cual estarían de acuerdo con que se establezcan sanciones para los acudientes.
En cuanto a la propuesta de eliminar las elecciones primarias para escoger a los candidatos a puestos de elección, sostuvo "que es un tema que merece una discusión pública", pues tiene ventajas y desventajas.
El primer vicepresidente se abstuvo de comentar sobre la opinión de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, en torno al manejo de la información pública y sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acerca del mismo tema.