El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, recomendó al mandatario electo, Martín Torrijos, darle continuidad a las investigaciones sobre los casos de desaparecidos de la dictadura militar.
Según Almanza, en el discurso electoral de Torrijos, habló del respeto y promoción de los derechos humanos, frases que lo comprometen de manera directa con el seguimiento a la Comisión de la Verdad que tiene tareas inconclusas, inclusive después del 31 de diciembre.
"Si Martín es consecuente con su discurso y tiene la estatura de un estadista que está más allá de la dinámica politiquera que se da en el país, él debe darle continuidad a esta comisión", sostuvo el presidente del referido organismo.
Almanza aseguró no ser indispensable dentro de la Comisión de la Verdad, pero independientemente de la persona que se designe, debe existir la responsabilidad y madurez, que no se caiga en politiquerías.
Indicó que esta entidad tiene fondos que garantizan el trabajo hasta el mes de agosto y es posible que lleguen otros fondos para culminar otras labores hasta diciembre. No obstante, según reiteró Almanza, el asunto está en que el nuevo gobierno que ha tenido un aval de parte del pueblo panameño y tendrá todo el poder de darle continuidad a la Comisión de la Verdad.
El legislador arnulfista Carlos Santana presentó una impugnación en contra del legislador electo Rubén De León del circuito 9-1 en Veraguas, porque unos simpatizantes de De León, irrumpieron en la Junta de Escrutinio y amenazaron a sus miembros para que hicieran una nueva proclamación.
El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, hizo pública unas supuestas pruebas que vinculan al legislador perredista, Carlos Alvarado, en un caso de compra de votos. Afirmó también que hubo malos manejos de dinero del Estado en juntas comunales de Las Tablas, Chitré, Los Santos, Aguadulce, Santiago, Chiriquí, destinados a becas, bonos de comida y hasta efectivo, para beneficiar a candidatos oficialistas.
El candidato a legislador del circuito 4-3 Santiago Fundora presentó una impugnación a la proclamación de la Sra. Jazmina Guillén de O Brien por presuntas anomalías en el conteo de 10 mesas y porque se anularon 3 de las 23 actas correspondientes.
La frustración por la derrota dio paso a la rabia y a la falta de control de algunos activistas políticos durante las pasadas elecciones.
Sus exabruptos no pasaron desapercibidos y afortunadamente fueron controlados por las autoridades competentes, quienes evitaron que pasaran a mayores.
Los más sonados son dos casos supuestamente provocados por activistas del partido Arnulfista.
Los culpables tendrán que ser juzgados, y dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados, las penas que les aplicarán serán de hasta tres años de cárcel.
El corregimiento La Represa, en La Chorrera, fue uno de los escenarios. Allí golpearon a una funcionaria del Tribunal Electoral, quien tuvo que ser remitida a un hospital.
Los magistrados del Tribunal Electoral autorizaron el levantamiento del fuero electoral al representante Jorge Castillo García, acusado de irrumpir violentamente en la Junta Comunal de Escrutinio La Represa para apoderarse de las actas y así afectar el resultado de las elecciones.
El otro incidente sucedió en Chepo, cuando tres simpatizantes del candidato oficialista Hernán Delgado, atacaron a una delegada electoral. Ellos fueron condenados a 48 horas de arresto.
En Veraguas activistas del PRD y el Partido Arnulfista se empujaron y discutieron en la proclamación de los dos legisladores electos del circuito 9-1. Los policías evitaron que los revoltosos se tomaran la mesa de los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio.
