La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Administración emitieron un comunicado conjunto, donde recomiendan al Estado panameño que al momento de asignar la inversión de publicidad estatal se cumpla con lo dispuesto en las normas de contratación pública, y que las pautas en los medios de comunicación social obedezcan únicamente a criterios técnicos.
Ambas instituciones señalan respecto a este tema, que los gobiernos deben cumplir con los principios consagrados en la Declaración Hemisférica sobre la Libertad de Expresión de Chapultepec, del 11 de marzo de 1994. Relativo a quejas por la forma en que el Ejecutivo destina su presupuesto de publicidad, tanto la Defensoría como la Procuraduría, advierten sobre el efecto que tiene sobre los medios de comunicación social y la libertad de expresión, el ejercicio arbitrario del poder.
Sostienen que a lo largo de los años, la discrecionalidad de las autoridades en la asignación de publicidad ha sido asumida como una prerrogativa propia de los victoriosos en las contiendas electorales o como una discriminación de signo pendular, lo que se puede considerar como un mal inevitable.
Sobre la forma en que se distribuye la publicidad estatal en los medios de comunicación social, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Administración, resaltan que en un Estado de Derecho se exige que la inversión estatal en publicidad, no esté sometida a la discreción unilateral de la autoridad, sino que esté reglamentada, que responda a objetivos de intereses públicos en términos y condiciones que aseguren la optimización de los recursos.
Tanto el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, como la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, sostienen que la determinación discrecional de los recursos destinados a la publicidad estatal puede convertirse en un medio indirecto para limitar ilegítimamente la libertad de expresión.
Tomando en cuenta estas y otras reflexiones, la Defensoría y la Procuraduría de la Administración han unido esfuerzos para concienciar tanto a las autoridades como a la ciudadanía en general, sobre los peligros que acarrea tanto para la transparencia, como para la libertad de expresión y de la democracia, el uso discrecional de los recursos públicos destinados a la inversión estatal en publicidad para castigar o premiar medios o periodistas.
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