González Ruiz precisó que debido a la situación económica que atraviesa el país y el sector privado, es justo que las empresas nacionales tengan una opción preferencial en las obras que se vayan a licitar con el Fondo Fiduciario.
La petición fue hecha por el presidente de la CAPAC, Manuel González Ruiz, conjuntamente con su director ejecutivo, Eduardo Rodríguez, y el miembro de la junta de ex presidentes, José Jelenszky.
En este sentido, el sindicalista Martín González respaldó la solicitud hecha por los dirigentes de la CAPAC, siempre y cuando ese trato preferencial represente beneficios para la clase obrera, canalizado también a través del costo de las obras, la mano de obra a generar y utilidades a devengar.
Manifestó que la medida sería positiva, ya que la CAPAC es una organización de empleadores que negocia convenciones colectivas con sus trabajadores a través del SUNTRACS y que permite a los obreros mejorar su condición de trabajo y su calidad de vida.
Señaló que a diferencia de otros tipos de empresas que se aprovechan con algunos favoritismos, "respaldados por el Ministerio de Trabajo", es de justicia que la gente de la CAPAC que hacen una plusvalía, reciban un trato preferencial en comparación con otras empresas que están pagando salarios muy por debajo de lo pactado por SUNTRACS y la CAPAC.
El ministro Juliao tras recibir la propuesta aceptó las inquietudes del gremio y aseguró que se iban a explorar las posibilidades para que la propuesta de la CAPAC llegue a feliz término. En los últimos informes de 1998 de la Comisión Interamericana de la Mujer, se explica que en el II seminario de los países centroamericanos convocado en Panamá en junio de 1996, se propusieron estrategias para incrementar el acceso de las mujeres a la toma de decisiones y se propusieron los lineamientos del Plan de Acción quinquenal para el acceso de la mujer a la toma de decisiones.
No obstante, señala el informe, "el enorme trabajo y presencia política y social de las mujeres en la subregión, no ha garantizado su acceso igualitario a posiciones de poder y toma de decisiones en el ámbito político".
El documento también explica que la participación de la mujer en el poder legislativo enfrenta grandes dificultades en casi todos los países de la subregión.
"Su capacidad para influir en cambios importantes en favor de las mujeres se ve limitada por la falta de una masa crítica parlamentaria comprometida con este propósito", señala el documento. En la historia política de Panamá, a principio de los años 40 comenzó a aparecer la figura femenina. La primera mujer en obtener un título universitario y en postularse como vicepresidenta de la República, fue Clara González. También fundó la primera asociación de mujeres llamada Centro Feminista de Renovación. Luego la nombraron viceministra en el Ministerio de Trabajo, Prevención Social y Salud Pública.
En las elecciones de 1945 fueron elegidas Esther Neira de Calvo como diputada nacional y Gumercinda Páez como diputada de la provincia de Panamá.
En ese año también se presentaron postulaciones como suplentes de diputadas, como fue el caso de Raquel Walker de Ducruet , quien fue electa.
Otras que participaron a candidatas a suplentes fueron: Mariana Ucrós, Stella Sierra de Ruiz Vernacci y Ana de Calvo.
