La nave que piloteaba se accidentó cuando iniciaba el despegue en el citado aeropuerto, el pasado lunes.
Precisamente en abril del 2005, Rivera advirtió a las autoridades del peligro que significaba la invasión de los terrenos adyacentes a la pista de aterrizaje no sólo para los pilotos, sino para los propios moradores.
Esa denuncia obligó a funcionarios de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Ministerio de Vivienda y el Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras, a integrar una comisión para buscarle una solución "eficaz" al problema.
Han pasado 10 meses de esta iniciativa. Ahora el tema vuelve a surgir, esta vez cuando Rivera sufre en carne propia la tragedia que ya había anunciado y que aún no ha sido resuelta por las instituciones de seguridad pública.
Las autoridades habían acordaron la construcción de una cerca perimetral para impedir el acceso a la pista. Se acordó además, la reubicación de las 144 familias que habitan en la zona de riesgo.
Los compromisos no se han cumplido, pero la directora encargada de la Autoridad de AAC, Nelly de Simeón, expresa lo contrario. Señaló que "los lunes se reúne la comisión y que están trabajando para solventar el problema que es muy complejo". Justificó la demora porque son los propios precaristas los que dañan la cerca, a cada rato.
También se está a la espera que Reforma Agraria otorgue unos terrenos para la reubicación de las familias. Pero eso no satisface a los pilotos.
El director de Planificación y Control de asentamientos informales del MIVI, Fausto Palacios, enfatizó que el problema del precarismo en Calzada de Larga le compete a AAC y al Ministerio de Gobierno de Justicia. El MIVI sólo está apoyando a estas entidades.
Según Nelly de Simeón, desde que se integró la comisión se ha impedido el ingreso de nuevos precaristas. No obstante, Palacios aseguró que "la gente se sigue metiendo, a pesar de la prohibición.
