Los pilotos y demás usuarios del Aeropuerto Marcos A. Gelabert que funciona en Albrook, se preparan para presentar una demanda por posible "lesión patrimonial" en contra del Estado, si el Ejecutivo insiste en trasladar las operaciones aeroportuarias hacia otros puntos, advirtió Jaime Fábrega, vocero de los afectados.
En tal sentido, Fábrega advirtió que los usuarios del Marcos A. Gelabert, no se dejarán desalojar fácilmente de las instalaciones del actual aeropuerto, hacia Tocumen o Howard, por ende ya están buscando asesoramiento con varias firmas abogadiles del país.
Este es un país de derecho, sentenció Fábrega, los pilotos y quienes han invertido o utilizan las instalaciones del aeropuerto de Albrook tienen derecho a que se les escuche sus planteamientos del por qué no se debe trasladar el terminal aéreo.
Recalcó que ya la Asociación de Usuarios del aeropuerto de Albrook, ha contactado al menos tres firmas de abogados, quienes al conocer del caso han expresado los elementos ilegales que hay en el posible traslado y la posibilidad de que el Estado pueda incurrir en un delito de lesión patrimonial.
Recordó que cuando la administración anterior decidió trasladar las operaciones desde Paitilla, estas conversaciones tardaron aproximadamente tres años, pero ahora de la noche a la mañana el gobierno pretende mudarlos sin ninguna garantía para quienes se desenvuelven en esta actividad.
Sostuvo que durante el periodo de traslado hacia Albrook, las conversaciones tardaron tres años para lograr un entendimiento y que ahora, de la noche a la mañana pretenden mudarlos sin ninguna garantía para el desarrollo de la actividad aérea.
En tanto, el catedrático universitario y ex candidato a la Defensoría del Pueblo, Raúl González, reconoció que algunas de las recomendaciones requieren de cambios constitucionales, pero hay otras como acabar con la práctica del nepotismo, no requiere de un cambio constitucional, sino de una decisión administrativa.
Hay una serie de recomendaciones cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad tanto de los responsables del Ejecutivo y del Legislativo, porque por muy sencillas que sean, sin una dosis de voluntad no se va a resolver nada.
Por su parte, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, integrado por distintos organismos cívicos de la sociedad panameña, piensa que se debe emprende una labor de divulgación masiva de la Ley de Transparencia en todo el país.
Igualmente, considera que es tarea de la sociedad civil, crear una Junta Nacional de Defensa de la Cultura, de los valores cívicos y extender la enseñanza de la urbanidad, la ética ciudadana, los valores morales y las buenas costumbres a todos los niveles educativos como asignatura obligatoria.
También considera como un aporte el haber establecido un juramento que deben prestar al inicio de clases todos los estudiantes del país, en el que se comprometen a luchar todos los días de su vida por la honradez y contra la corrupción.
La sociedad civil también se compromete a exigir al sector privado organizado la adopción de un código de ética que fije pautas, de modo que no sean protagonistas de malas prácticas, sino garantes de un comportamiento fundado en el respeto a los valores cívicos y morales.
El fortalecimiento del periodismo, para que sea un medio eficaz de educación e información, es otro elemento cuya implementación se considera como una responsabilidad de la sociedad civil. El periodismo, sostiene, debe asumir responsablemente las denuncias serias y bien sustentadas, evitando la difusión de antivalores y campañas de difamación, intimidación y escándalo.
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