Coronado, Gorgona y San Carlos, tres de las mejores playas del litoral Pacífico, están desapareciendo.
En la primera, toda su área de playa está flanqueada por los muros gigantescos de las residencias, con unas veredas de acceso cada 200 metros.
Pero esto no constituye delito, según las autoridades, toda vez que el terreno de Coronado es una finca privada. Lo que sí es ilegal es que decenas de propietarios han construido grandes anexos a sus viviendas sobre la servidumbre de playa que es propiedad del Estado.
En otras palabras, y en buen panameño, unos pocos se reparten un pastel que además, es robado.
Lo mismo, aunque en menor escala, ocurre en Gorgona y San Carlos.
Dos de estas playas -Coronado y Gorgona-- tienen un denominador común: el alcalde de Chame, quien es la persona facultada para conceder los permisos de construcción de estos anexos.
El niega que haya dado esos permisos, si bien insiste en que si se ha violado la ley, los infractores deben atenerse a las consecuencias.
No obstante, esa ley se viene violando desde hace más de una década. El alcalde lleva tres períodos en el cargo.
En tanto, el de San Carlos denuncia que una sola persona ha infringido la ley en la playa Los Panamá, y ha cercado más de 200 metros de la servidumbre de uso público. Este alcalde optó por elevar la respectiva consulta a la Procuraduría de la Administración.
En medio, se encuentra la Asociación de Residentes de Coronado, que ha elevado su voz de protesta ante el robo inminente de la playa y denuncia que existen "intereses creados de gentes con recursos económicos detrás de esta situación".
Esta asociación, a través de su junta directiva, cuyo presidente es Luis Ovidio Rodríguez, dio a conocer que hay unas 60 propiedades frente al mar, fuera de la línea de construcción, lo cual es de conocimiento de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asegura que si el alcalde de Chame no hubiese dado los permisos de construcción para estas edificaciones, no se hubiesen dado los robos de terreno del Estado que forman parte del área inadjudicable, según el Artículo 255 de la Constitución Nacional, que estipula que pertenecen al Estado y son de uso público, las playas y sus riberas, razón por la cual tienen carácter y naturaleza de bienes inadjudicables.
Al violar este artículo de la Constitución se violan los derechos de terceros, en este caso, del pueblo en general que no puede disfrutar libremente de sus playas y del resto de los propietarios de terrenos.
No obstante lo anterior, existe una disposición -la Ley No.35, de 29 de enero de 1963, por la cual se reglamenta el Artículo 209, ordinal 1 de la Constitución Nacional, y que autoriza al Organo Ejecutivo para que mediante contratos celebrados con personas naturales o jurídicas les permita la ocupación de playas para uso especial, cuando se trate de la construcción, instalación o establecimiento de muelles, astilleros, dársenas y obras similares.
También cuando se trate de criaderos de mariscos, salinas y otras obras relacionadas con actividades que redunden en beneficio público; para balnearios, rampas, piscinas, cooperativas y otras obras destinadas a fines deportivos o de atracción turística.
Los concesionarios quedarán obligados a dar uso público a la servidumbre de la obra o construcción.
Ese no es el caso ni de Coronado, ni de San Carlos, por un lado, porque lo que está construido sobre la playa no son muelles ni piscinas de uso público sino privado y, por el otro, porque en la Dirección de Catastro, su director informó que no tiene conocimiento de ninguna petición de concesión basada en esta ley, aunque dijo que lo averiguaría.
Ahora bien, aunque se solicite esa concesión, no se puede construir nada hasta tanto se dé la autorización para ello por parte del Gobierno.
Además, durante el recorrido realizado para este trabajo periodístico, se observó que siguen edificándose obras valoradas en cientos de miles de balboas sobre el área inadjudicable para uso privado y no público.
ALCALDE DE CHAME RESPONDE
Por su parte, el alcalde de Chame, Euclides Mayorga, sostiene que puede garantizar que durante su administración de tres períodos, no se han otorgado permisos para ninguna de estas construcciones fuera de lo que está estipulado en los planos que se presentan ante la Alcaldía.
Ante la pregunta del porqué entonces hay unas 60 propiedades frente al mar que se han tomado pedazos de playa, el alcalde cambió el rumbo de la conversación y dijo tener entendido que en 1990, en Gorgona, la Reforma Agraria otorgó títulos de propiedad a menos de 10 metros de donde daba la marea, cuando la ley establecía que era a 200 metros. "Ahora tengo entendido que es a 25 metros". En realidad son 22.
"Pueden verificar que los permisos de construcción están dentro de lo normal, lo que está fuera de los planos estipulados eso es a propio riesgo de los propios inversionistas".
Añadió que los que han incumplido las disposiciones tienen que someterse a la demolición de las construcciones porque están en el área de playa.
¿Es que no hay supervisión? "Nosotros aquí no contamos con un ingeniero municipal. Nosotros cuando vamos a dar el permiso, mandamos a ver al área y cuando ellos construyen fuera de lo normal, ellos no se presentan aquí (al despacho del alcalde) porque saben que ellos lo hacen a su propio riesgo", respondió.
¿Qué medidas toma la Alcaldía?, fue otra de las preguntas, a la que el funcionario respondió así: "Nosotros conversamos con unos dueños de fincas y ellos empezaron una construcción y junto con la regidora de Coronado se suspendieron estas construcciones, entrando por el Club de Golf".
Lo cierto es que
