LOS RECURSOS adicionales que requiere el Gobierno para atender la deuda social no pueden provenir de más endeudamiento porque:
El Gobierno registró un déficit de más de B/.700 millones en el año fiscal 2004. Las cuentas por pagar a proveedores ascienden a más de B/.300 millones. La deuda pública excede los B/.9,400 millones.
De continuar ese ritmo de endeudamiento y el pago de intereses se hará muy difícil cumplir con los acreedores.
Porque no hay equidad en los recursos ni en la distribución de la carga tributaria. Panamá es el segundo país de América con peor distribución de la riqueza.
Las familias de altos ingresos reciben 40 veces más que las familias más pobres.
Porcentualmente, en Panamá el nivel más bajo de ingresos recibe una carga tributaria más de 4 veces mayor que el nivel más alto.
Las empresas reciben subsidios e incentivos que cuestan al país más de B/.200 millones al año; sin embargo, pagan menos de B/.180 millones en concepto de impuestos sobre la renta.
Las personas naturales pagan casi el doble que las personas jurídicas en concepto de impuesto sobre la renta. Los asalariados no exentos cargan con más del 65% de la recaudación total del impuesto sobre la renta.
De acuerdo con sus declaraciones juradas, los ingresos gravables de la Zona Libre por sus operaciones exteriores (luego de deducir costos y gastos) son de B/.850 millones; sin embargo, no pagan ni un centésimo de impuesto en ese concepto.
Los beneficios e incentivos a los pequeños grupos de mayor ingreso constituyen un gasto tributario que toda la población sufraga y por ello, el crecimiento económico del país no resulte en un crecimiento de los ingresos tributarios.
El desarrollo económico no se está traduciendo en desarrollo humano. El PIB sigue aumentando, pero asimismo lo hacen el desempleo, el empleo informal, las enfermedades, la ignorancia y, consecuentemente, la pobreza.
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