El poco interés de los abogados en las actualizaciones sobre lo que será el nuevo Sistema Penal Acusatorio podría ocasionar un caos en el sistema de justicia el próximo 2 de septiembre, cuando se empiece a implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Los seminarios dictados por el Colegio Nacional de Abogados (CNA) no están cumpliendo el cometido que se esperaba, debido a la inasistencia de los juristas.
Las observaciones las hizo el presidente del gremio de abogados, Rubén Elías Rodríguez, quien aseguró que hasta la fecha, un 40% de los juristas afiliados al Colegio están preparados.
Admitió que los jueces, funcionarios del Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y otras instituciones están más preparados que algunos abogados.
El CNA forma parte de una comisión encargada de la preparación de los abogados en Veraguas y Coclé, donde se iniciará la implementación del sistema.
“Lo que pasa es que hay abogados en el área de Coclé y Veraguas que no muestran mucho interés, pero a quienes sí se les está dando todo el apoyo”, reveló.
El jurista hizo un llamado a todos los colegas para que estén atentos a los seminarios que se dicten sobre el tema, como parte de la obligación del abogado de estar preparado con los conocimientos adecuados antes de la implementación del nuevo sistema.
Transición.
El nuevo Sistema Penal Acusatorio busca agilizar todas las audiencias pendientes en diversos tribunales y juzgados a nivel nacional.
Con este sistema, los roles de la víctima, Ministerio Público y Tribunales de Justicia se encuentran bien definidos, lo que da lugar a que exista mayor imparcialidad y rapidez en la tramitación del caso.
Al Ministerio Público le corresponderá dirigir la investigación de los hechos y ser el titular de la acción penal. Debe garantizar la recolección y preservación de las evidencias y someter al control jurisdiccional todas aquellas medidas que afecten los derechos fundamentales del individuo.
Igualmente, tendrá la posibilidad de procurar la conciliación y la mediación para la solución de los conflictos y velar por la protección de las víctimas, testigos, denunciantes y demás intervinientes, adoptando programas que incluyan su amparo y asistencia.
La implementación de este sistema trae consigo cambios estructurales en el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que implica la adecuación física y dotación tecnológica que se requiera para ejecutar las labores.
Se deben dotar de un programa eficiente de sistematización de la información para dar seguimiento a los procesos; la preparación académica e inclusión en el sistema de fiscales y jueces.
