Las funciones que se confirieron a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, por el actual Gobierno, "exceden las facultades legales" de este ente, además, podrían ser "inconstitucionales" e intervenir con el ejercicio de acciones penales", advirtió la procuradora, Ana Matilde Gómez.
A través de una misiva enviada al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, Gómez señala que el Consejo no tiene "facultad para imponer sanciones", al considerar que se trata de un ente eminentemente "preventivo y no represivo".
A juicio de la Procuradora, "carece de sustento invertir recursos del Estado en el desarrollo de investigaciones que no persigan un fin determinado".
Se colige del Decreto 232 que la Secretaría podrá llevar a acabo investigaciones administrativas, sin establecer bajo qué procedimiento y con qué propósito.
Considera, además, que las actuaciones que adelanta la Secretaría en el ejercicio de funciones investigativas, frente a la presunta comisión de un delito, podrían convertirse en un "obstáculo para el ejercicio de la acción penal".
