El abogado Guillermo Cochez advirtió que parte de los bienes del exjefe del Servicio de Inteligencia Peruano (SIN), Vladimiro Montesinos, podrían ser incautados aquí a la luz de la recién aprobada legislación sobre lavado de activos provenientes del tráfico de armas, si se comprueba su relación con un contrabando de material bélico, procedente de Jordania y que terminó en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cochez dijo que a la luz de la nueva legislación establece la aplicación de sanciones y la incautación de los dineros provenientes del blanqueo de capitales y de delitos como el tráfico de armas, peculado, corrupción de funcionarios y estafa, Montesinos puede ser sujeto de una investigación penal por estos delitos a petición de algún funcionario de Estado peruano.
Explicó que si se da algún señalamiento sobre la obtención ilícita de sus bienes, se le podría abrir algún tipo de proceso a requerimiento de las autoridades peruanas, como ya se ha hecho en otros casos.
Sin embargo, indicó que esto debería ser analizado con detenimiento, ya que a su juicio Montesinos no califica para un asilo político, porque no salió de su país como perseguido por el gobierno en turno, sino por la comisión de acto de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Planteó que su caso es un tanto diferente al ocurrido con el general haitiano Raoul Cedrás, quien fue asilado aquí a petición de la Organización de Estados Americanos (OEA), para garantizar una transición hacia la democracia en Haití.
Según Cochez el exjefe del SIN decidió venir a Panamá para poder establecer un centro de operaciones desde dónde funcionar, y en medio de la crisis peruana estuvo aquí, visitando algunas propiedades que mantiene en Chiriquí y en áreas revertidas.
No obstante, indicó que estas informaciones deben ser confirmadas por las autoridades de investigación sobre la procedencia de sus dineros.
Por otro lado, se menciona que entre las empresas constituidas por Montesinos se encuentran Elway Overseas, Henikes Holding y Alliance Stiehting que habrían sido conformadas por bufetes de abogados locales.
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