No solo el Artículo 20 del proyecto de ley del Tribunal de Cuentas, que ordena a las autoridades mantener en reserva los procesos patrimoniales, levantó suspicacia y polémica.
El enunciado 18 también generó un álgido debate porque si el procesado es beneficiado con un indulto presidencial, no tendrá que enfrentar la justicia y solo estaría obligado a resarcir los daños al Estado.
A estos puntos sensitivos se suma el Artículo 85 del proyecto que dispone que toda acción de cuenta prescribirá en un plazo de diez años, el cual comenzará a contarse desde el momento en que ocurrió la lesión patrimonial. Es decir, serían dos periodos de gobierno.
Esto es ?muy peligroso?; según comentaron expertos en la materia porque el primer magistrado del Tribunal de Cuentas que designe este Gobierno, será por un periodo de seis años.
Esto significa que la persona que nombren en este cargo se encargará de investigar en los próximos cinco años posibles actos de corrupción durante esta administración.
Recelo. La preocupación además gira en torno a que el Fiscal de Cuentas, que también nombrará el Ejecutivo por un periodo de 10 años, será quien instruya la investigación patrimonial y recomiende el llamamiento a juicio de los involucrados.
Por ello es que algunos abogados temen que este cargo se mezcle con la política, pero según Oscar Vargas, magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), el Fiscal de Cuentas debe iniciar cualquier investigación a solicitud de la Contraloría independiente de quien sea el inculpado.
Además, debe practicar todas las pruebas y las diligencias que sean necesarias para comprobar o esclarecer los hechos contenidos en los reparos de las cuentas.
Otro de los artículos controversiales es el número 30. El mismo señala que el Fiscal de Cuentas citará a los posibles involucrados en la lesión patrimonial para que rindan una declaración, ?sin apremio ni juramento?, sobre los hechos investigados.
Defensa. Al margen de las críticas que ha recibido el proyecto, que debe ser discutido en marzo próximo en la Asamblea Nacional, el magistrado Vargas defiende la creación de este organismo.
Resaltó que el Tribunal de Cuentas será un puntal en la lucha contra la corrupción en el territorio nacional.
Conape se opone a artículo que restringe acceso a expedientes
El acceso restringido a la información fue considerado como algo “absurdo” por el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE).
Jean Marcel Chéry, presidente del gremio, señaló que con esta normativa las autoridades intentan evitar que los escándalos de corrupción salgan a la luz pública.
El vocero del gremio periodístico señaló que por tratarse de un proceso administrativo y no judicial, los informes preliminares de auditorías deben ser de libre acceso público.
“Si le damos una oportunidad a los funcionarios y diputados para que legislen en materia de acceso a la información van a mantener el hermetismo y secretismo en materia de administración pública”, acotó el periodista.
En cambio, Oscar Vargas, magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), considera que hay que conjugar las reservas del proceso con el derecho a la información, ya que se busca que el Estado recupere lo que fue malversado.
Según Vargas, no se debe discutir un proceso patrimonial en los medios de comunicación por la presunción de inocencia.
“El Tribunal tendrá la facultad de manejar los expedientes de una forma discreta para que no se fusile a una .persona en los medios antes que haya sido condenada”, explicó.
