El mandatario Ricardo Martinelli lleva 22 meses en el solio presidencial, pero ha tenido que retroceder en algunas decisiones polémicas, debido a que han provocado fuertes enfrentamientos con diversos sectores de la población, incluidos los organismos no gubernamentales.
Los frentes de batalla han sido varios. La Ley 30, denominada “Ley chorizo”, fue anulada en octubre pasado, luego de varias semanas de disturbios en Bocas del Toro, dejando un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de 100 detenidos. Antes de derogarla, el presidente convocó a un diálogo con ciertos sectores de la sociedad civil.
La Ley 8, que reformó el Código de Recursos Minerales, fue el detonante de una lucha que mantuvo en pie de guerra a grupos indígenas durante varios meses. Esta ley también pasó por el proceso de enfrentamientos y luego se convocó a un diálogo antes de derogarse.
Polémicas decisiones.
La lista es larga, ya que a pocos meses de estar en el Palacio de las Garzas apoyó un anteproyecto de ley para castigar con cárcel a los que le insultaran, además, arremetió contra medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, tras indicar que tenían una campaña de “desinformación”.
Luego de las fuertes críticas, Martinelli nuevamente dio marcha atrás.
Y es que su gobierno también cedió ante las presiones por las críticas provocadas por dos diputados que promovían su reelección inmediata.
Otra de las normas impopulares es la Ley 14, conocida como la “Ley carcelazo”, la cual no llegó a derogar el mandatario, pero prometió que a los más de 200 obreros detenidos por quebrantarla se les archivarían los procesos judiciales.
A pesar de ello, esto provocó que sus convocatorias al diálogo con el opositor Partido Revolucionario Democrático fracasaran.
La propaganda televisiva en contra de miembros de la sociedad civil y periodistas a través del oficialista Partido Cambio Democrático, ha sido otro revés para el mandatario. Luego de las fuertes críticas, se convocó a otro diálogo por la libertad de expresión, que aún es vista con cautela por los gremios que plantean que la libertad de expresión “no es negociable”.
Reacción.
El abogado Miguel Antonio Bernal consideró que los llamados al diálogo del mandatario son el resultado de “malas decisiones” adoptadas y para mantener un buen porcentaje en las encuestas.
“No se puede continuar con leyes abruptas, arbitrarias e ilegales en contra de la población”, concluyó.
