La Comisión de Justicia y Paz condenó ayer los indultos otorgados por el exmandatario Ernesto Pérez Balladares, los cuales consideran que refuerzan una percepción de impunidad en el país y atentan contra el debido proceso en la administración de justicia.
Puntualiza que el perdón presidencial pareciera establecer que los políticos en este país tienen privilegios en comparación con el resto de los ciudadanos, lo que alienta la corrupción y el irrespeto a los derechos humanos.
Al mismo tiempo pidió a la Procuraduría de la Administración y a las autoridades del nuevo gobierno que informen a la ciudadanía los casos que tenían pendientes las personas indultadas y si estos indultos responden a la ley.
"Le pedimos igualmente a los gremios de abogados que en el caso de que se haya transgredido las normas constitucionales, que se presenten los recursos legales correspondientes", destaca el comunicado de Justicia y Paz.
El organismo de la Iglesia Católica sostiene que el "perdón presidencial" fue otorgado a algunas personas que enfrentaban procesos penales o que habían sido condenados por delitos considerados comunes, y que dejan un "mal ejemplo" a la ciudadanía.
"Nos deja sumamente preocupados por las connotaciones que esto puede tener y por el precedente que esto deja a los políticos que hoy llegan al poder", señala Justicia y Paz.
Advierte que la violación a la autonomía universitaria no puede quedar impune y a la población no se le puede negar el derecho a conocer quiénes son los responsables de estos hechos que afectaron la paz ciudadana.
"Los panameños tenemos que recobrar la confianza en nuestras instituciones democráticas y demostrar a todos, pero en especial a la juventud, que el crimen no paga y que el país avanza por el camino de una justicia pronta e igual para todos", indica el comunicado.
Subraya que es vital demostrarle a la población que el crimen no paga y que el país avanza por el camino de una justicia pronta e igual para todos, por lo que aquellos que atenten contra la paz y los derechos humanos deben pagar por sus actos sobre la base de procesos justos.
La comisión de Justicia y Paz señala que se debe garantizar el respeto a las garantías constitucionales y el derecho a la legítima defensa, y en donde también tenga cabida la clemencia al momento de fijar las penas cuando las circunstancias lo ameriten.
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