Luego del encuentro entre las autoridades policiales y de seguridad de Panamá y Nicaragua, realizada en este último país el pasado sábado, el director de la Policía Nacional (PN), Carlos Barés, volvió a eximir a esta institución de toda responsabilidad en el tráfico ilegal de miles de AK-47 que fueron introducidas a Colombia.
Mientras que la presidenta Mireya Moscoso expresó ayer que volverá a comunicarse con su similar nicaragüense, Enrique Bolaños, sobre este escándalo de armas. Agregó que "en ningún momento" la Policía Nacional de Panamá ha comprado esas armas y 2,5 millones de municiones 7,62 a su similar de Nicaragua.
En tanto, Barés confirmó a El Panamá América que durante su visita a Nicaragua las autoridades panameñas invocaron la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico de Armas suscrito por los 34 países del hemisferio y que establece las normas que utilizarán los estados para la transferencia de material bélico.
El punto dos, artículo IX de la citada convención, expresa que los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta que el Estado Parte receptor expida la licencia o autorización correspondiente, requisito que según la PN, obviaron sus homólogos de Nicaragua. Lo que sí informó fue sobre un inventario de las armas que posee la Policía y que había solicitado el ex ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, el pasado 10 de enero.
En esa ocasión, el ahora magistrado de la Corte Suprema, solicitó a los directores de la Policía, el Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo, que le hicieran llegar cuanto antes un inventario exhaustivo y detallado de las armas de guerra en posesión de esas entidades.
