El director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, pretende agotar todos los recursos para hacerle frente a la crisis por la que pasa la entidad.
En las últimas semanas, varias unidades policiales han protagonizado escándalos públicos al estar vinculados en actos delictivos y al quitarle la vida a sus parejas por problemas sentimentales.
Las medidas, según Mirones, serán estrictas para el recurso humano que forma parte de esta entidad.
Expresó que los uniformados corren el riesgo de ser parte de los problemas que afectan a la sociedad por la crisis de valores que existe en la actualidad.
Las medidas van dirigidas a los procesos de reclutamiento, de supervisión y de evaluación policial, como parte de un amplio conjunto de acciones para detectar las principales deficiencias.
El jefe policial considera que para rescatar la imagen de la institución es necesario eliminar las causas que generan los problemas que afectan el desenvolvimiento y el prestigio de la Policía.
"No estamos en contra del desarrollo de este país, pero queremos un progreso equilibrado, sin dañar los recursos que vamos a necesitar en los próximo años, ¿Por qué acabar con estos recursos en aras de un progreso desmedido?, preguntó la dirigente.
Banfield pidió a los diputados que reconsideren y reevalúen esta ley, antes de proceder a realizar el acto público para la venta de las tierras.
Carlos Smith, secretario general de la Asamblea, al ser consultado sobre la posición de los ambientalistas, indicó que las tierras del Parque Camino de Cruces y las de la Asamblea están debidamente delimitadas por ley.
"Si a juicio de alguien esa finca de la Asamblea debe ser parte del Parque Camino de Cruces , hay que tener presente que ambas tienen una ley que la sustentan", enfatizó.
Explicó que existen otras 10 hectáreas (en total son 26 hectáreas) de tierras de la Asamblea dentro de esta zona, por lo que enfatizó que si el Estado las reclama, están dispuestos a que se les permute por otros terrenos que puedan ser utilizados por la institución.
"Las 16 hectáreas de las que habla le Ley 10, no tienen ningún tipo de problemas para su desarrollo. Ya ese terreno le pertenecía antes a la Asamblea Nacional", indicó.
Sostuvo además que en la venta pública, quien gane la licitación tiene que construir sujeto a las especificaciones de uso de suelo para esta zona.
Mientras esta polémica se define, la Asamblea Nacional se apresta a convocar la licitación pública para la venta de esta tierras.
De hecho, los planos del nuevo edificio ya están listos, y sólo se esperaba la sanción de la ley ya ratificada por el Ejecutivo esta semana.
Mediante esta licitación pública la Asamblea podrá vender las 16 hectáreas de tierras en 9.5 millones de balboas o más, según avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según el diputado Carlos Alvarado, quien es uno de los propulsores de ese proyecto, existen estudios del Cuerpo de Bomberos de Panamá que indican que la actual estructura de la Asamblea Nacional es un "edificio enfermo".
Advierte que éste carece de las condiciones óptimas para albergar a los diputados y a más de mil 100 funcionarios administrativos que allí laboran.
Mientras que el presidente de la Comisión de Infraestructura, el diputado Rogelio Paredes, defendió el proyecto negando, que el edificio que se va a construir sea un lujo para los diputados.
"Da vergüenza los cubículos que tenemos actualmente los diputados y las condiciones del resto de la infraestructura que tiene más de 50 años de existencia", argumentó.
A su juicio, este proyecto es una manera de equiparar un poco el nivel de los diputados de este país con los del resto del mundo.
"No podemos ahora so pretexto de que estamos en austeridad, privarnos de una operación donde no le pedimos un centavo al presupuesto nacional y no nos endeudamos, ya que se está utilizando un activo de la Asamblea que se está perdiendo", afirmó Paredes.
