La directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, Magaly Castillo, estimó que la búsqueda de soluciones a los problemas existentes en el sistema penitenciario panameño no se deben tanto a problemas presupuestarios, sino a políticas administrativas y voluntad de trabajo.
Advirtió que es inaceptable que en las cárceles panameñas haya extranjeros presos por razón de estar indocumentados y señaló que esta situación se le ha planteado a la Dirección de Migración y a las autoridades correspondientes.
De acuerdo con Castillo, los extranjeros indocumentados deben ser deportados a sus respectivos países, porque su presencia en las cárceles panameñas agudiza el problema de hacinamiento.
Agregó que la búsqueda de soluciones a los problemas que se enfrentan en el sistema carcelario, no obedecen exclusivamente a la falta de recursos económicos, y mencionó que acciones como las horas de patio para los reclusos, la coordinación de las visitas de los familiares y el precio de los productos que se venden en las tiendas de los penales, deben formar parte de las políticas carcelarias.
Recordó que el problema de las cárceles en Panamá es más serio de lo que se ha planteado y no se circunscribe solamente a lo que sucede en La Joya y La Joyita.
Las cárceles panameñas están diseñadas para unos seis mil reos, sin embargo, la población penitenciaria se acerca a los nueve mil detenidos.
Precisó que la falta de voluntad política, no sólo de éste sino de varios gobiernos, ha contribuido a estancar las soluciones que enfrenta el sistema y recordó que en 1998 una comisión presidencial rindió un informe sobre el tema, pero hasta la fecha sólo se ha quedado en el papel.
Denunció que la Asamblea Legislativa ha recibido cinco anteproyectos de ley para buscar soluciones al problema carcelario, sin embargo, aún no ha discutido ninguno, por lo que reiteró el llamado al parlamento para que proceda a discutirlos.
Castillo manifestó que en Panamá no se necesitan construir nuevas cárceles y acotó que el problema es que hay demasiados presos en los centros penales, situación donde la administración de justicia también tiene un grado de responsabilidad.
Agregó que se deben agilizar las diligencias judiciales porque el "Estado está cargado con gente que puede estar trabajando en las calles".
Mediante un comunicado, la Comisión de Justicia y Paz advierte que siguió con especial preocupación el desarrollo de la huelga de hambre que realizaron los reclusos en el centro penitenciario La Joyita.
Igualmente, reconoce el valioso aporte del acuerdo al que llegaron las autoridades y los detenidos, sin embargo, hace un llamado a la Dirección de Asuntos Penitenciarios para que dé seguimiento a las recomendaciones hechas por una comisión presidencial en la que participaron representantes de la Universidad de Panamá, la USMA, el CoNEP, el Colegio de Abogados y la Dirección Nacional de Corrección.
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