Un proyecto que modifica el Código Electoral en el que se establecen sanciones de 8 meses a 4 años de prisión para los funcionarios electos por votación popular que incumplan sus promesas electorales presentará a la Asamblea Nacional el dirigente civilista, Mauro Zúñiga.
La iniciativa, que se presentará a través de la Oficina de Participación Ciudadana, propone, además de la sanción de prisión, la suspensión inmediata del cargo para el cual fue electa la persona que incumpla sus promesas. Se considerarán promesas electorales las que hayan incorporado en sus respectivos sistemas publicitarios de campaña, en diferentes medios de comunicación.