La derogación de un artículo de la ley que prohibía la pesca de atún en la isla Coiba y sus alrededores, puso en evidencia que ni el presidente Martín Torrijos ni su equipo de trabajo revisaron debidamente este documento.
El propio mandatario aseguró ayer que fue un "descuido" de su parte sancionar y promulgar, posteriormente, esta norma en la Gaceta Oficial.
La derogación de esta ley permite la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, que arrastra todo lo que encuentra a su paso, afectando la vida de especies en protección.
El mandatario, en lugar de brindar las explicaciones del caso, prefirió recordar que la administración pasada otorgó decenas de permisos para esta práctica.
Se limitó a decir que en el próximo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional "revisarán" este artículo.
Permisos.
Por su parte, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) negó que se haya otorgado permiso alguno para la pesca industrial con redes de cerco en el área de exclusión.
Reynaldo Pérez, administrador de la ARAP, afirmó que como medida de regulación tampoco se expedirán licencias o permisos de pesca en las áreas protegidas.
Planteó la necesidad de revisar la norma existente sobre el tema, para hacer los correctivos necesarios a la ordenación de los alrededores del Parque Nacional Coiba.
Advertencia.
Mientras Amelie González, de la Fundación Mar Viva, dijo que el sistema utilizado en la pesca de atún no discrimina otras especies en peligro de extinción.
Insistió en que la pesca con cerco genera enormes perjuicios, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) se pronunció luego de la advertencia que hizo Mar Viva.
Expresó su satisfacción por el reconocimiento del presidente sobre la necesidad de revisar la Ley 55.
Entre tanto, Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, espera que la población esté atenta para castigar "el abuso de confianza de algunos diputados". "Hay que tomar medidas contra los diputados que siempre buscan la oportunidad para obtener beneficios a costa de la población", precisó.
“Decisión afectará al país”, dice Smithsonian
“Coiba ya no le pertenece a Panamá, sino que es un patrimonio de la humanidad", afirmó Héctor Guzmán, del Instituto Smithsonian.
Espera que el presidente Martín Torrijos derogue la modificación del Artículo 278 de la Ley 55, debido a que “las decisiones erróneas pueden revotar en la imagen del país”.
Dijo que es “preocupante” que los pesqueros con cerco se acerquen a las costas de Coiba, utilizada por miles de especies como ruta migratoria.
Reiteró que “los ojos del mundo están atentos a las decisiones que se adopten sobre este patrimonio”.
Agregó que el impacto negativo será en todo el país, no sólo en Coiba, ya que ballenas, delfines y peces espadas están en peligro de extinción.
