La Defensoría del Pueblo podría interponer una demanda contra el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el despido injustificado de unos 12 mil funcionarios públicos, según sostuvo ayer el ombudsman, Italo Antinori.
El funcionario sostuvo que la Defensoría del Pueblo investiga los actos irregulares que pudo haber cometido la exdirectora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Vielka Mock, al poner a disposición 32 vacantes en esa institución para el gubernamental Partido Arnulfista. El ministro de Salud, José Terán, pidió la renuncia de Mock.
Según Antinori, los resultados de la investigación podrían dar como resultado la primera "sanción moral" de la Defensoría del Pueblo contra el gobierno de Mireya Moscoso.
En tanto, el defensor del Pueblo sostuvo que "siempre y cuando hayan despidos injustos y se haya agotado el derecho interno, se puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya lo han hecho trabajadores despedidos por la famosa Ley 25 de 1990, y en estos momentos ese proceso contra el Estado panameño es muy delicado".
"De manera tal que cualquier persona que sienta que sus derechos humanos han sido violados puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es más nosotros le daríamos la orientación y mecanismos de cómo hacerlo, porque ese es nuestro deber", sustentó.
Las declaraciones de Antinori se dieron mientras dirigentes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) cerraron -durante media hora- dos, de los cuatro, paños de la calle 50, a la altura de la Defensoría del Pueblo, en protesta por las destituciones en el Gobierno.
Leandro ¡vila, secretario general de FENASEP, dijo que el cierre parcial de calles se debió a la "ola de despidos en el sector público, que ya van por más de 12 mil". "También queremos un aumento al salario mínimo equitativo para todos los trabajadores del país, públicos y privados, por el uso del Fondo Fiduciario y la venta de las acciones estatales en Cables & Wireless y de las empresas eléctricas privatizadas".
Al lugar de la protesta se presentaron unidades de la Policía Nacional, las cuales no intervinieron debido a que los miembros de la FENASEP decidieron restablecer el normal flujo vehicular.
