El Segundo Tribunal de Justicia acusó a los abogados defensores de los implicados en la quiebra fraudulenta del Banco Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO) de dilatar el proceso y sancionó con B/.1,000 de multa al jurista Elías Domínguez.
La decisión del tribunal está contenida en el auto No. 201, en donde se resolvió un recurso de casación contra las pruebas aceptadas por el tribunal para la audiencia que debió celebrarse ayer y que fuera suspendida tras la presentación del incidente por el abogado Elías Domínguez.
El Juzgado Duodécimo Penal tenía previsto realizar ayer la audiencia a los directivos de BANAICO, Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza Ramos de Mattaden, Irasema Subía y Gonzalo González, pero la presentación del recurso de casación contra las pruebas aceptadas por el tribunal obligó a su suspensión por tercera ocasión.
De acuerdo con la decisión del tribunal, la casación presentada atacó una decisión de segunda instancia en donde se negaron una serie de pruebas, pero al resolverla los magistrados estimaron que la acción presentada en este caso era improcedente.
También señalan que el artículo 199 ordinales 1 y 9 del Código Judicial incluye como deberes en general de los jueces y magistrados dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por la rápida solución adoptando las medidas para evitar su paralización, pero que en las sumarias bajo examen es evidente el carácter dilatorio, contrario a la lealtad de la justicia y la buena fe del libelo de casación anunciado contra un pronunciamiento de segunda instancia.
Sostienen que esta situación es del conocimiento del abogado que presentó el recurso y es evidente su interés de dilatar innecesariamente el proceso.
Dentro de la investigación de 37 tomos existen informes de auditoría, en donde se establece la existencia de préstamos irrecuperables por un monto de B/.46 millones. Además, que se encontraron depósitos pertenecientes al narcotraficante colombiano José Castrillon Henao.
La Fiscalía Primera Anticorrupción remitió en el año 1999 su vista fiscal con una petición de llamamiento a juicio, luego que el Juzgado Decimosegundo ordenó una ampliación y para marzo del año 2000, la fiscal Cecilia López envía el expediente con una nueva solicitud de encausamiento.
Luego en agosto del 2000 el juzgado emite el auto de llamamiento a juicio. Tras esto uno de los abogados presenta un incidente de prescripción penal, que es rechazada en primera y segunda instancia y luego se presenta un nuevo recurso.
A los sindicados se les imputan los delitos de falsificación, asociación ilícita para delinquir y estafa que prescriben a los seis años. Hace dos años la fiscalía remitió el expediente a los tribunales, pero a pesar de ello aún no se ha podido llegar a una conclusión en este proceso.
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