Dos citaciones tendrá que atender mañana miércoles la defensora del Pueblo, Patria Portugal, para responder por las contrataciones de asesoría para mejorar la imagen de la institución y la atención a víctimas, las cuales superan los 800 mil dólares.
En la agenda de Portugal está asistir a la audiencia de formulación de imputación de cargos en la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para responder, por segunda ocasión, a un cuestionario de los diputados, esta vez de quienes integran esta instancia.
La posibilidad de que el Ministerio Público (MP) solicite la separación del cargo de Portugal no está descartada. Ana Belfon, procuradora general de la Nación, comentó que pueden hacerle peticiones al juez de garantías (magistrado José Ayú Prado), pero que en su momento darán a conocer cuáles serán.
Belfon explicó que la defensora puede asistir o enviar a un representante legal a la audiencia, en la que se decidirá si se le imputa cargos por la supuesta comisión de delito contra la administración.
De darse esta situación, la medida se adoptaría por el hecho de otorgar contratos por más de 400 mil dólares a dos empresas para mejorar la imagen de la Defensoría del Pueblo.
La procuradora informó que se ha procedido a comunicarle formalmente a Portugal de este proceso, de acuerdo a lo que dispone el Sistema Penal Acusatorio, para darle a conocer que se ha iniciado la investigación en su perjuicio y cuáles son los elementos de convicción que se tienen en contra de ella.
Elementos que, para no afectar la reserva del sumario, Belfon evitó dar a conocer a los medios de comunicación.
Existe la posibilidad también que el Ministerio Público se encargue de llevar en un solo proceso aquellas investigaciones que a la fecha se llevan por separado en otras instancias.
“Hemos conversado ese tema con el juez de garantías y él nos ha hecho señalamientos que tal y como veamos que se desarrolla el proceso, nosotros podemos tener la potestad de acumular el proceso”, manifestó la jefa del Ministerio Público.
La segunda cita a la que debe asistir la defensora es a la Asamblea, la cual está programada para las 10:00 a.m.
El presidente del Legislativo, Sergio Gálvez, señaló que la Comisión de Credenciales es la encargada de juzgar la actitud de la defensora del Pueblo y para ello prepara un nuevo cuestionario, que deberá responder en menos de 48 horas la funcionaria. Ya se está confeccionando (el cuestionario), el mismo tiene que enviársele para que Portugal asista a la Comisión de Credenciales a dar sus descargos ante tanta preocupación que hay”, expresó Gálvez, después de juramentar ayer a los integrantes de dicha comisión.
El diputado Mario Miller, presidente de la comisión, dijo que van abrir un periodo de deliberaciones, en el que la defensora podrá responder todas las interrogantes. Los nueve diputados que integran esta instancia tienen cinco días para emitir una conclusión al Pleno y a la directiva de la Asamblea, tras lo contemplado en la resolución legislativa que nombró a la comisión.
Gálvez espera que este viernes se pueda terminar con el tema de la defensora del Pueblo, que asistirá por segunda ocasión al Parlamento debido a las irregularidades detectadas sobre supuestos contratos de sobrecostos.
Entretanto, el presidente de la Asamblea enfatizó que hasta tanto no se resuelva el asunto de Portugal no ve conveniente citar a otros directores o ministros, respondiendo así a las peticiones de los diputados de oposición.
Esta nueva citación se hace luego que hace 12 días Portugal asistiera a responder un cuestionario de 12 interrogantes. En aquella ocasión, su comparecencia fue ante el pleno de la Asamblea.
Días después de rendir sus explicaciones sobre los señalamientos en su contra, Portugal mantuvo su postura de no renunciar al puesto, ya que, a su juicio, nada se ha hecho fuera del marco legal. A la defensora se le señala por contratar los servicios de Imaginarium Studio por un monto de 240 mil dólares, más 200 mil dólares de la compañía Avant, S.A. Igualmente, por la existencia de otro contrato valorado por 244 mil dólares más a la empresa Edber y 119 mil dólares de una adenda para mejorar atención a víctimas en materia de derechos humanos.
