La presidenta del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, opinó ayer que si Alberto Cigarruista y Winston Spadafora asumen como magistrados de la Corte Suprema sin ser ratificados, sería dar un "golpe de Estado".
Por otro lado, la mandataria de la República, Mireya Moscoso, declinó hablar sobre la posible toma de posesión de Spadafora y Cigarruista, al decir sólo que esa es una opinión presentada por el ex rector de la Universidad de Panamá y jurista, Carlos Iván Zúñiga.
"Esa fue una opinión de Carlos Iván Zúñiga, pero nosotros esperamos que antes del lunes sean ratificados mediante sesión permanente", sostuvo.
Abordada sobre qué piensa hacer en caso de que sus candidatos no sean ratificados para la Corte, subrayó que prefiere no adelantarse y esperar la decisión.
Mientras que Balbina Herrera advirtió que no se trata de un "golpe técnico", sino de un golpe de Estado en propiedad, porque de darse esta situación, uno de los órganos del Estado estaría pasando por encima de los demás y se rompería el orden constitucional.
Herrera dijo que la Constitución Nacional establece claramente cuáles son las funciones que le competen a cada órgano del Estado y ninguno puede pasar por encima de lo que le corresponde, ya que de lo contrario estaría rompiendo el orden constitucional, "y eso es dar un golpe de Estado".
Expresó que el Código Judicial en su artículo 31 es claro y establece que los magistrados no pueden abandonar sus cargos, mientras que no se haya ratificado su reemplazo.
En tanto, la magistrada presidenta de la Corte, Mirtza Franceschi de Aguilera, aseguró ayer que si Spadafora y Cigarruista se presentan a esa corporación de justicia con el documento del acto administrativo de su nombramiento, éste deberá ser acogido como legal.
Aseguró que la toma de posesión es un acto administrativo, que debe ser considerado como legal y que si los designados acuden a la Corte, los magistrados deben aceptarlos.
Sostuvo que un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema señala que sólo puede darse esta situación tras la presentación de una demanda de inconstitucionalidad y que hasta producirse un proceso judicial no puede haber una opinión.
"Un funcionario inicia sus funciones cuando toma posesión del cargo y de acuerdo con la ley los actos administrativos se presumen legales, y si los magistrados nuevos toman posesión mediante un acto administrativo se debe presumir la legalidad de ese acto", aseguró.
Precisó que su permanencia en el cargo estará condicionada a la presentación de su reemplazo y que hasta que ello se produzca no podrá abandonar su posición porque la ley así lo tiene establecido de manera clara.
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, dijo que nunca se ha visto en el mundo que los magistrados tomen posesión sin ratificación, eso lo único que provocaría sería controversias innecesarias entre los diferentes órganos del Estado.
Agregó que el Ejecutivo no puede "imponer" ninguna de las personas que designó para magistrados de la Corte y por eso la necesidad de someterlos a la ratificación.
Arosemena "exigió" al Ejecutivo que deje que la Asamblea decida sobre los nombramientos que están pendientes de ratificación.
En tanto el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, consideró como poco viable la posibilidad de que los nuevos magistrados de la Corte puedan tomar posesión sin haber sido ratificados.
Planteó que no puede haber toma de posesión sin que exista un proceso de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, debido a que la situación surgida en 1990 es totalmente diferente a la actual, ya que en ese momento no existía un régimen democrático.
Vásquez agregó que los actos emanados de la Asamblea Legislativa no son recurribles ante la Corte. Además existe el principio constitucional que establece que los legisladores no son responsables por sus actos.
Planteó que los magistrados Franceschi de Aguilera y Salas deberán continuar en sus cargos en el evento que sus reemplazos no sean ratificados por la Asamblea Legislativa. Agregó que sólo en caso de enfermedad grave o renuncia, éstos podrían ser reemplazados inmediatamente.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, agregó que los actos emanados de la Asamblea Legislativa no son recurribles ante la Corte. Además existe el principio constitucional que establece que los legisladores no son responsables por sus actos.
Planteó que los magistrados Franceschi de Aguilera y Salas deberán continuar en sus cargos en el evento que sus reemplazos no sean ratificados por la Asamblea Legislativa. Añadió que sólo en caso de enfermedad grave o renuncia, éstos podrían ser reemplazados inmediatamente.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, reiteró que Spadafora y Cigarruista no pueden tomar posesión, pues no se ha cumplido con la norma constitucional que exige que los mismos sean ratificados por la Asamblea.
Reiteró que la Constitución Nacional especifica que el nombramiento consta de dos partes, que es la designación del Ejecutivo, pero con la sujeción a la aprobación del Legislativo.
Al tiempo que el ex canciller y jurista, José Raúl Mulino, aseguró que la institucionalidad del país corre peligro si Cigarruista y Spadafora toman posesión en la Corte, sin antes ser ratificados.
"Me preocupa mucho la interpretación que algunos juristas han hecho de la Constitución, a efectos de tratar de obviar la ratificación legislativa de los magistrados para que ejerzan sus funciones a partir del 2 de enero. Es una interpretación errada que puede traducirse en un resquebrajamiento institucional", enfatizó.
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