Una posible lesión patrimonial por B/ 1.1 millones investiga el Tribunal de Cuentas de dineros del Fondo de Inversión Social (FIS) que están en manos de unas 14 empresas, personas naturales y fundaciones que, supuestamente, incumplieron contratos.
Panamá América tuvo acceso a los expedientes del TC, en los que figura una lesión por B/ 279 mil 112 por el supuesto "manejo irregular de apoyo económico para estudiantes de primaria, secundaria y universitarios" en Chepigana y otros proyectos en La Palma, Darién.
De este fondo, B/ 14 mil se le atribuyen a la ex legisladora Aydeé del Carmen Milanés de Lay, quien confirmó que desde el 2007 se le cauteló una cuenta bancaria por B/ 700, un vehículo Hi-Lux, valorado en unos B/ 22 mil y otros bienes, que dijo no recordar.
Milanés de Lay denunció que se trata de una “persecución política” del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que “intentó vincularme a un peculado, sobornando a personas para que declararan que se les habían entregado cheques, cuando eso estaba prohibido a los legisladores".
Otros contratos que se detectaron como “irregulares”, asignados a fundaciones y empresas, es el de suministro de bolsas escolares y alimentos como "apoyo nutricional a personas de escasos recursos" y ayudas comunitarias con fondos del FIS.
Asimismo, la entrega de facturaciones de alquileres de máquinas para proyectos, vehículos, equipos y contratos para construcciones de barriadas, letrinas y acueductos.
Entre las fundaciones figuran: Bienestar Social de Gonzalillo, Desarrollo Social Comunitario (FUNDESOCOM), Social del Atlántico (FUNDESA), Panamá Unida y Trabajo Comunitario (FUNPUTRAC) y Nuchu.
Además están en el listado el Instituto de Capacitación para el Desarrollo Integral del Darién (INCADI), Corporación de Pequeñas Empresas de Autogestión de todo el Territorio Nacional de Panamá (COPEAN), Rent a Car Panameña, S.A., y algunas juntas comunales de Chiriquí, Veraguas y Darién.
Una fuente del TC advirtió a los funcionarios que los recursos del Estado deben manejarse “dentro de la legalidad, economía, eficiencia, de manera honesta y responsable”, ya que se hará cumplir con las disposiciones legales y constitucionales para resarcir la afectación al patrimonio.
“Vamos a incautar bienes a quien sea”, destacó.
