Posiciones encontradas en pago de salarios caídos a legisladores

Alvin Weeden, Contralor General de la República, dijo que no se debe pagar el aumento de 18 meses de salarios caídos que reclaman los legisladores de la pasada Asamblea Legislativa que asciende a más de 3.8 millones de dólares a menos que existan elementos probatorios que demuestren la legalidad de dicha solicitud.
Weeden adelantó que si la petición de los legisladores se ajusta al Derecho y si las partidas presupuestarias existen, el pago procede, de lo contrario no se daría el mismo.
Por su parte Haydée Milanés de Lay, legisladora del actual y pasado período de la Asamblea Legislativa, manifestó que la opinión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Salas, quién expresó que no cabe la posibilidad que los legisladores del pasado período cobren los supuestos salarios caídos, representa una opinión particular.
Para la representante del colectivo político Solidaridad esta opinión no coinciden con el pleno de la Corte, que a su criterio sí permite el pago de la equiparación de salarios.
Sostuvo que eso es un derecho que aceptará porque "los derechos son irrenunciables". Mientras tanto el actual presidente de la Asamblea Legislativa y también miembro de la pasada Cámara Parlamentaria, Víctor Garrido, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una cuestión de interpretación y que para los legisladores sí se permite el pago de B/.54 mil balboas en equiparación de salarios.
"Sí eso dice el espíritu de la Ley hay que hacerlo efectivo", añadió Garrido, a la vez que reconoció que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría de la República.
El contralor Weeden aseguró que la decisión de pagar o no a los legisladores lo que reclaman se dará luego de los carnavales.
Los legisladores del período 1994-1999 solicitan cada uno 54 mil balboas en salarios caídos durante 18 meses que en su conjunto suman B/. 3.8 millones y que corresponden a la equiparación de emolumentos que establece el reglamento interno de la Asamblea en el artículo 205 de la Ley No. 49, luego que el expresidente Ernesto Pérez Balladares decretó un aumento salarial a sus ministros de Estado, dejando a los parlamentarios al margen de este beneficio.
La Corte Suprema de Justicia emitió recientemente un fallo donde declara que el citado artículo no es inconstitucional, abriendo la posibilidad de que los legisladores sean remunerados.