Luego de una ardua discusión entre legisladores, precaristas y miembros del Asentamiento Unión Campesina de Burunga se ordenó la suspensión del desalojo por parte de las autoridades alcaldicias, la integración de una comisión interinstitucional con todas las partes involucradas y el desarrollo de un censo de población por el Ministerio de Vivienda para resaltar mediante un estudio socioeconómico la real necesidad habitacional de cada uno de los invasores de Cerro Castillo, en Arraiján.
Un grupo de legisladores de la Asamblea Legislativa compuesto por Felipe Cano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Olga Lina de Quijada, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer; y Vicente Magallón, presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, visitaron en horas de la mañana de ayer los terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga en aras de lograr una solución definitiva al conflicto generado por la ejecución del desalojo de unas 200 familias precaristas que invadieron el lugar desde hace aproximadamente un año y medio.
Las autoridades se apersonaron a eso de las 8:45 de la mañana al área, aunque mucho antes en la entrada principal del asentamiento miembros de la Defensoría del Pueblo habían iniciado la confección de un listado de los afectados, quienes permanecieron toda la noche en unos campamentos que construyeron para albergarse hasta tanto se les brinde una solución habitacional.
Los invasores, a la llegada de los mediadores del conflicto, sumamente molestos, corrieron a la parte alta de los terrenos para respaldar al resto de sus compañeros que, a pesar de la presencia policial, mantenían acorralado a uno de los supuestos asentados a quien se le había decomisado una motosierra utilizada para derribar parte de las infraestructuras improvisadas de madera y zinc.
Las unidades de la Policía Nacional intervinieron antes de que los precaristas atentaran contra la vida del ciudadano, quien en su rostro reflejaba el temor y agotamiento de tanto correr para escapar de los precaristas que presuntamente intentaban lincharlo.
El asentado, de nombre Arcadio Martínez, formaba parte de un grupo de personas encomendados por su presidente Simón González para derribar las viviendas y fue custodiado por las unidades de la policía. Martínez informó que era parte de los 11 miembros del asentamiento campesino y sólo buscaba defender el derecho a sus tierras.
Indicó que el resto de las tierras del asentamiento fueron vendidas en 0.6 centésimos a una empresa privada para saldar una deuda de B/. 80 mil, morosidad heredada de la junta directiva anterior, lo que era necesario para evitar la desaparición del asentamiento.
Todo volvió a la calma en el momento que los legisladores se acercaron a conversar con los precaristas para que evitaran actos violentos que podrían terminar en una tragedia. Cano propuso a los invasores integrar una comisión representativa para organizar una reunión entre todas las partes involucradas, de modo de lograr un acuerdo, para lo que se sugirió el Consejo Municipal.
Iniciada la reunión se presentó el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada, junto con sus asesores, altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, encabezado por el viceministro, Gerardino Batista, luego de lo cual llegó el alcalde, quien era afanosamente esperado por los mediadores del conflicto.
Durante la consulta, el alcalde Jaime Barroso informó que los propietarios de los terrenos habían cedido siete hectáreas para la adjudicación y venta a los precaristas, más las 5 hectáreas del excedente registrado durante los trabajos de mensura realizados por la Reforma Agraria en el área, lo que garantizaba unas 12 hectáreas para solucionar parte del problema.
Se decidió además iniciar las investigaciones de la venta de los terrenos del asentamiento y si la organización cumple o no con su función social, igualmente solicitar al Fondo de Inversión Social (FIS) el equipo pesado para la construcción y habilitación de las calles.
Además, se solicitará una partida extraordinaria en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para transferirla al MIVI con el propósito de enfrentar el problema de vivienda previo al avalúo de los daños causados.
En tanto, la legisladora Quijada concluyó que la Comisión de Asuntos de la Mujer en conjunto con la de Derechos Humanos serán supervisores fiscalizadores y darán seguimiento a los acuerdos pactados en la mañana de ayer.
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