Preocupa presiones contra periodistas

Washington.- PERO ESTE mensaje de Clare Kamau Roberts no se limitó a un espaldarazo amistoso al periodista Jean Marcel Chéry. Fue más allá. Roberts comprometió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en pleno con el tema. Aseguró que estarán vigilando de cerca la situación, y lucharán para que Panamá cambie las leyes que impiden una real libertad de expresión.
En la audiencia, que duró una hora exacta, Roberts indicó que el Relator para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, seguirá siendo el encargado por parte de la CIDH de tomarle el pulso a los acontecimientos, lo que supone que pronto estaría visitando una vez más el país para investigar en el campo las denuncias que se presentaron.
Precisamente una "visita in loco" fue una de las peticiones que la delegación panameña pidió a los Comisionados, y Roberts se comprometió a considerarla, lo que significaría que, además de Bertoni, también el comisionado presidente y otros, como Freddy Gutiérrez, el venezolano que se encarga de los temas panameños, podrían ir a Panamá a corroborar los hechos.
Octavio Amat, director de este diario; Guido Rodríguez, Delegado Especial para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo; el ciudadano Miguel Antonio Bernal, abogado y catedrático universitario; Luis Manuel Botello, periodista panameño y director para Latinoamérica del Centro Internacional de Periodistas; así como Jean Marcel Chéry, le plantearon a la CIDH que en Panamá, a pesar de la derogatoria reciente de leyes mordaza y de desacato, la situación no mejora; al contrario, el panorama empeora.
Son varias las leyes que siguen vigentes y que permiten represión de la libertad de expresión. Por ejemplo el artículo 180 del Código Penal, cuya redacción actual data de 1988, cuando el dictador Manuel Antonio Noriega trató de evitar las críticas contra su régimen, y le dio protección exagerada a los funcionarios que trabajaban para él, muchos de ellos en el poder hoy día.
"El obstáculo principal, en Panamá, para el goce del derecho a la libertad de expresión es la legislación que sigue siendo utilizada por las autoridades para silenciar las críticas, situación agravada por la interpretación y aplicación de esta misma legislación, por parte de autoridades mediante acciones represivas y atemorizantes", señalaron los panameños en un documento que le fue entregado a la CIDH.
El panorama judicial es sombrío, dijeron los expositores istmeños: Por un lado los jueces que se ensañan contra periodistas, incluso un magistrado de la Suprema Corte (Spadafora) está persiguiendo a periodistas y a un diario, a quienes exige dos millones de dólares por "daños y perjuicios"; y por otro la presión de la procuradora Ana Matilde Gómez, quien mantiene en el organigrama del Ministerio Público dos fiscalías especializadas en calumnia e injuria, tantas como las dedicadas a los delitos de drogas y de corrupción.
Toda esta situación ha llevado que en los últimos dos años, la proporción de periodistas querellados y procesados haya aumentado notablemente.
Otro punto lamentable es que el Órgano Ejecutivo, cuyos integrantes son quienes más denuncian a periodistas que escriben sobre su gestión, se escuda en el indulto presidencial para decir que ningún periodista está en la cárcel, cuando en realidad el indulto forma parte de todo el mecanismo represivo que mantiene el status quo, es decir, impide que cambien las leyes que obstaculizan la libertad de expresión.
Los presidentes desde la caída del régimen militar, exceptuando a Endara, han indultado al final de su gestión a decenas de periodistas. Sin embargo, los procesos se mantuvieron a lo largo de sus períodos como una espada de Damocles que provoca autocensura y entorpece la libertad.
El problema de Panamá levantó mucha expectativa en Washington. Tanta que diferentes organizaciones han mostrado su solidaridad, entre ellas un grupo de editores de periódico de los cinco continentes, quienes estaban en la capital estadounidense la semana pasada tratando el tema de la Libertad de Expresión.
Los editores se reunieron con la delegación panameña, y prometieron dar a conocer en sus países respectivos la situación.
Javier Sierra, del Comité Internacional para la Libertad de Prensa, hizo contacto con Octavio Amat, del Panamá América, y se dispuso que abogados de esta organización estarán visitando Panamá para apoyar en el caso civil que el magistrado Winston Spadafora mantiene contra EPASA, y los periodistas Gustavo Aparicio y Jean Marcel Chéry.
El apoyo del Comité Internacional para la Libertad de Prensa será vital para que el caso se agilice y se conozcan detalles del mismo en el extranjero.
Las abogadas Marcela Martino, de Costa Rica, y Gisela De León, de Panamá, ambas activistas del Centro de Derecho Internacional, asesoraron a la delegación panameña antes de la audiencia en la CIDH, y durante la misma estuvieron tomando notas para futuras acciones.
(enviado especial)