El Sindicato de Periodistas de Panamá mostró su preocupación por los recientes despidos de colegas periodistas tanto de los medios de comunicación como de oficinas públicas y privadas, al tiempo que anunció que presentará estos casos ante organismos internacionales.
Un comunicado emitido ayer por la organización gremial que aglutina profesionales del periodismo en Panamá, señala que el caso más reciente de despido de comunicadores es el relacionado con la Corporación MEDCOM y constituye un hecho que sacude el seno familiar de estos profesionales.
Para el Sindicato de Periodistas, el despido de los comunicadores sociales, que son los primeros en ser desplazados cada vez que surgen crisis económicas como la que actualmente sufre el país, constituye un efecto directo de la falta de políticas concretas de empleo y desarrollo en el país.
Por ello, agrega, esta organización presentará estos casos ante organismos internacionales como son la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Federación Interamericana de Periodistas y aseguró que se mantendrá vigilante frente a nuevos despidos no sólo en los medios de comunicación, sino también en la empresa privada y en las oficinas públicas.
Por otra parte, los ex trabajadores de la desaparecida Editora Renovación S.A. (ERSA) denunciaron que el Contralor General de la República, Alvin Weeden, "impide que se ejecute el pago presupuestado", alegando una acción burocrática que "ya fue resuelta por los asesores legales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)".
Según declaraciones del secretario general del MITRADEL, Juan Antonio Ledezma, ofrecidas a los afectados, la acción que genera la controversia estriba en que el contralor solicitó información sobre la aplicación de los posibles descuentos a los dineros a recibir por los ex trabajadores de la comunicación, en materia de impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo.
Sin embargo, destaca, esta controversia fue resuelta por el departamento de Asesoría Legal del ministerio, en el cual se dejó claramente establecido que cuando se trata de indemnización salarial, la legislación no incluye descuento, sino la entrega completa del dinero.
El funcionario indicó que la no contestación por parte de la Contraloría, impide que el MITRADEL proceda a hacer efectivo la cancelación del monto presupuestado, por lo que los ex trabajadores de ERSA solicitan al contralor y al ministro de Trabajo, Joaquín Vallarino, que ordenen la confección de los cheques y la entrega de las certificaciones oficiales sobre el saldo individual de cada trabajador.
